La agricultura en el nuevo arco parlamentario

SEGUIMOS pendientes de los cambios que, con mucha probabilidad, se van a producir en el teatro político de nuestro país. Entre programas electorales, discursos, ofertas y contraofertas políticas, es muy difícil encontrar algo de cierto interés que ataña al sector agrario. Al menos la maquinaria sigue funcionando y ya tenemos constituidas las comisiones de agricultura del Congreso y del Senado, por ahora. En el caso de haber elecciones generales, se desandará el camino y volverán a disolverse, aunque las previsiones de cambio no serían muy significativas.

Dejando de lado los arcos parlamentarios, los partidos no hacen gran hincapié en el sector agrario, algo que tampoco nos debe sorprender, ya que se trata de una política europea en la que la capacidad de maniobra política no es muy elevada. Además, su valor económico y laboral no tiene un gran impacto desde una perspectiva de política nacional. Los dos grandes partidos, PSOE y PP solo hacen mención a este sector de una manera colateral y vaga. No lo necesitan, su posición es bastante conocida, ya que años de gobierno de ambas siglas dejan poco espacio para la sorpresa.

Pedro Sánchez, nuevo en estas lides, se ha reunido con todos los representantes del medio rural. Para empezar con toda la cadena alimentaria, que incluye las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industria y distribución. También ha incorporados a organizaciones orientadas al desarrollo rural. Por el momento se ha limitado a escucharlos y tomar nota de los que cada uno de ellos le han contado. Un primer paso muy de agradecer.

En el caso de Podemos, ha sido un partido muy activo en sus planteamientos agrarios. En su propuesta de gobierno presentada el 15 de febrero incluye un punto específico sobre medio ambiente y mundo rural, lo que ya muestra las connotaciones medioambientales y sociales de su enfoque. En lo concreto, plantean la lucha contra la erosión y desertificación en el medio agrario, la implantación de un nuevo plan de empleo rural, para fomentar la inversión público-privada, recuperar y regularizar las protecciones sociales específicas de parados rurales de larga duración, jornaleros agrarios eventuales y personas en situación de dependencia. Respecto a los programas de desarrollo rural, tienen como objetivo aumentar sus niveles de cofinanciación estatal, aunque quizás no sepan que estos programas responden a un equilibrio financiero entre la aportación europea y la del país miembro, dentro de la cual se incluye la nacional y la regional. Hablan de aplicar la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, para impulsar el concierto entre las administraciones públicas y la participación del sector privado, y quieren reformar el modelo de negociación y aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, para conseguir un mejor reparto de la renta agraria. Vamos, que las grandes explotaciones reciban menos que las pequeñas, algo que ya se ha regulado en la actual PAC.

Un buen resumen de su planteamiento se recoge en el punto en que demandan un sector agropecuario y pesquero basado en criterios de diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar, que oriente la producción extensiva con la apuesta estratégica de la soberanía alimentaria. Muy bonito, pero me temo que la soberanía alimentaria es incompatible con la producción extensiva y el modelo de economía familiar. Quizás la mayor incógnita es lo que subyace en su propuesta hídrica, en que plantean la revisión y racionalización del Plan Nacional de Regadíos, en particular en lo referido a la política de trasvases entre cuencas hidrográficas, métodos de riego y uso comercial del agua. Un gran esfuerzo para ganarse al medio rural, pero con una escasa perspectiva económica y un alejamiento soterrado de los modelos de producción agrícola más avanzados.