El TSJEx deja a la diputada Victoria Domínguez al borde del banquillo

María Victoria Domínguez saliendo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura./HOY
María Victoria Domínguez saliendo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. / HOY

El instructor da a las partes 10 días de plazo para que pidan abrir juicio oral o sobreseer la causa

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSPlasencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha emitido este miércoles un auto en el que aprecia una posible responsabilidad penal de los investigados en el caso Santa Bárbara de Plasencia, que son la exalcaldesa Elia María Blanco y los exconcejales de Urbanismo María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. Considera a los cuatro «responsables» de los hechos en el caso de que se demuestre que estos son constitutivos de los delitos de prevaricación y de la omisión del deber de perseguir delitos. El juez instructor da a las partes 10 días de plazo para que soliciten la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o bien pidan el sobreseimiento de la causa, que abarca el periodo comprendido desde enero de 2006 hasta junio de 2011. También pueden pedir de forma excepcional que se practiquen diligencias complementarias. A la vista de la postura mantenida desde el principio por la Fiscalía en este caso, las posibilidades de que se acabe celebrando juicio son elevadas.

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El relato de los hechos que hace el TSJEx en el auto no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad de los investigados en los hechos a los que este procedimiento judicial trata de buscar una explicación: por qué nunca se derribaran decenas de viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara a pesar de que pesaban sobre ellas órdenes firmes de demolición. El juez, a la luz de las diligencias practicadas, constata que «aunque esta situación era sobradamente conocida por las autoridades del Ayuntamiento de Plasencia, ha existido una total pasividad que ha hecho posible su consolidación». «Los responsables de estos hechos son los investigados», continúa el auto, y señala tanto a Elia María Blanco como a los exconcejales, porque ellos «tenían expresamente delegadas por la alcaldesa las competencias de urbanismo».

A raíz del examen de los múltiples expedientes de disciplina urbanística remitidos por el Ayuntamiento de Plasencia, el TSJEx indica que «ninguna de las edificaciones levantadas se ajusta a la legalidad ni puede ser autorizada», pese a lo cual «se evidencia que los investigados nunca sancionaron a nadie ni ordenaron la demolición de ninguna de las múltiples edificaciones ilegales». Además hace hincapié en que «incumplieron sistemáticamente su obligación legal de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y tampoco denunciaron nunca los actos de desobediencia de los promotores de las órdenes de paralización de las obras».

En sus razonamientos jurídicos, el instructor dice que «puede entenderse que con ‘no hacer nada al respecto’ o dicho de otro modo, la no actuación de los concejales y alcalde supuso apartarse de los parámetros de la legalidad convirtiendo su inacción en una expresión de su libre voluntad de permitir edificaciones al libre albedrío, fuera de lo permitido por el ordenamiento urbanístico». A eso añade que «la ausencia de control en el cumplimiento de las normas urbanísticas y la ausencia de respuesta real e idónea frente a las inspecciones llevadas a cabo deviene en una conducta arbitraria de un servidor público que puede ser constitutiva de ilícito penal».

El caso Santa Bárbara comenzó a instruirse el año pasado en un juzgado de Plasencia, que lo elevó al TSJEx dada a la condición de aforada de María Victoria Domínguez como diputada regional de Ciudadanos. Durante los últimos meses la sala encargada ha tomado declaración tanto a los investigados como a varios funcionarios municipales en calidad de testigos. También ha solicitado al Ayuntamiento de Plasencia toda la documentación urbanística sobre Santa Bárbara.

El juez da tres días de plazo para presentar recursos de reforma del auto y cinco días para recursos de apelación.

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