Vestigios franquistas

LUCIANO PEREZ DE ACEVEDO Y AMOPrimer Presidente democrático de la Diputación de Badajoz. 1979-1983

No tengo el gusto de conocer personalmente a don Miguel Ángel Gallardo, actual presidente de la Diputación de Badajoz; lo sigo a través de la prensa y los medios, simplemente por aquello de que «por sus acciones los conoceréis», que dijo Jesús, que en este caso acreditan una, a todas luces excesiva, preocupación por la eliminación de lo que se tacha de vestigios del régimen de Franco, en un más que dudoso cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, que debemos al inefable presidente Zapatero y al posterior plácet de don Mariano Rajoy, que inexplicablemente permitió su vigencia, cuando era evidente que sus consecuencias iban a contrariar escandalosamente el espíritu de «concordia» de la Constitución de 1978, hasta el punto de haberse convertido el señor Gallardo en guardián y ejecutor de una pretendida memoria histórica, que solo está sirviendo para resucitar odios, mantener resentimientos y dar cobertura a quienes, con su respaldo, desbordan su sectarismo mirando al pasado con un solo ojo por el que ven la historia como no fue (Juan Van-Halen), asumiendo el mandatario provincial un papel que en modo alguno le corresponde, dicho sea con todos los respetos, pues como él mismo acertó a decir en el plenario de su toma de posesión, 18 de julio del 2015, «La Diputación no está para sustituir a los alcaldes sino para estar pendiente de sus necesidades, pues ellos son los que están más próximos a los ciudadanos», contraviniendo –añadimos nosotros– la autonomía municipal, el gobierno autónomo local, el ‘self guberment’ que decía el ilustre profesor don Gumersindo de Azcárate, pues ella –la autonomía municipal– constituye el pilar donde se asientan el resto de las Autonomías del Estado y la base de todo el sistema de gobierno democrático, de tal forma que no puede ser interferida por otra autonomía, la provincial, hoy de inferior rango que la municipal, pues solamente maneja ya una serie de competencias meramente residuales, subordinada a la Comunidad Autónoma.

La Ley de Memoria Histórica es una disposición con rango de Ley que carece de Reglamentos para su aplicación o ejecución, limitándose a establecer unas confusas disposiciones generales que deben interpretarse a la luz de su Exposición de Motivos: fomentar, según se dice en ella, el espíritu de reconciliación y concordia entre los españoles, el respeto al pluralismo y la defensa pacífica de las ideas que guiaron la Transición, plasmadas en la Constitución de 1978, que tradujo jurídicamente la voluntad de reencuentro entre los españoles. La ley no atribuye competencia alguna a las Diputaciones Provinciales para imponer su criterio a los municipios en materia de interpretación y aplicación de esta ley, y mucho menos, para decidir la supresión de subvenciones y ayudas a los municipios que, al criterio del señor presidente de la Diputación, vulneran la ley negándose a eliminar vestigios franquistas.

El artº. 15 de la Ley dice textualmente que «las Administraciones Públicas (los Ayuntamientos son la base de las Administraciones Públicas), en el ejercicio de sus competencias (¿qué competencias?, pues la Ley no las señala) tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la Dictadura...». Según cabe interpretar, las mismas competencias atribuye este artículo a las Diputaciones como a los Ayuntamientos, Administraciones Públicas ambas.

Dentro del término municipal los Ayuntamientos son soberanos para dar cumplimiento a esta ley y en caso de discrepancias con otras Administraciones Públicas, los tribunales tendrán la última palabra. «El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades locales (Diputaciones y Ayuntamientos), sigue diciendo el artº. 15 de la Ley, en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura a los efectos previstos en apartado anterior...». Según esta disposición, se trata no de imponer sino de «colaborar» en pie de igualdad entre todas las Administraciones Públicas. Por tanto no puede existir aquí decisiones o imposiciones de unas Administraciones Públicas sobre otras; todo habrá que hacerlo por consenso o acuerdo entre ellas, que deberán tomar parte en la elaboración de aquellos catálogos a los que se refiere la ley, tanto en el nombramiento de los técnicos o expertos como en el desarrollo de su cometido, incluso participando en las comisiones correspondientes. El órgano o comisión que elabore el catálogo de vestigios no tiene autoridad alguna para imponer su criterio a los Ayuntamientos o a cualquiera de ellos que discrepe, en virtud del principio de autonomía municipal. Es un órgano de asesoramiento, nada más, y sus conclusiones no son vinculantes para las Administraciones Públicas que intervengan en el proceso, ni puede hacer, v.g., la Diputación o la Comunidad Autónoma suyas estas conclusiones para imponerlas a los Ayuntamientos titulares de la Autonomía Local. No es esto lo que dice la ley.

Señala también el artículo 15 que «las Administraciones Públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los «propietarios privados» que no actúen del modo previsto en el apartado primero de este artículo 15». En absoluto, pues, una Administración Pública podrá retirar subvenciones y ayudas a otra Administración Pública, sino todas ellas a los «propietarios privados» que incumplan la ley.

Finalmente hay que interpretar la ley a la luz de la finalidad que le otorga su Exposición de Motivos y saber muy bien qué entiende la ley por vestigios franquistas, es decir, símbolos y monumentos conmemorativos que exalten la sublevación militar de la Guerra Civil o la represión de la Dictadura, excepto cuando se trate de menciones de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico religiosas protegidas por la ley (artº. 15 de la L.M.H.) ¿Exaltan, acaso, la sublevación militar o la represión de la Dictadura franquistas los cuadros de nuestros antecesores señores Díaz Ambrona Moreno y Cienfuegos Linares? Los vestigios franquistas más importantes en Extremadura, y yo añadiría en toda la historia de Extremadura, son dos: el Plan de Badajoz y la Universidad de Extremadura (creada por Decreto 991 de 10 de mayo de 1973, firmado por el ministro Villar Palasí), en cuya creación e implantación tuvieron el mayor protagonismo los dos presidentes de Diputación mencionados. ¿Se pretende borrar del recuerdo de los extremeños lo más grande que ha hecho un Gobierno central en la historia de nuestra olvidada y marginada región? ¿Nos imaginamos qué sería hoy de Extremadura sin estas grandes realizaciones? ¿Contemplaríamos hoy la Comarca de Villanueva-Don Benito en secano y dependiente de Universidades de fuera de la Región (Salamanca, Sevilla, Madrid, etc.) ¿Pretendemos borrar lo que es, pura y simplemente, Historia de España, que puede gustar más o menos, pero que sigue estando ahí porque es historia; historia vivida y que se vive, como se viven los más de 50 pueblos nuevos que hizo el Plan de Badajoz; ¿Queremos derribar estos grandes vestigios franquistas, junto a las grandes presas y canales del Guadiana para regar 150.000 Has., (hoy son ya 250.000 Has.)? Creo que mejor será dedicarse a que nos pongan el AVE, que será la gran obra de la democracia en Extremadura. Pero que no tarde mucho, por favor, que queremos llegar a verlo.

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