Los dueños de Almaraz encallan para acordar el futuro de la central nuclear

Concentración de trabajadores y vecinos de Almazar en una concentración en el exterior de la central:: CÉSAR A. GONZÁLEZ/
Concentración de trabajadores y vecinos de Almazar en una concentración en el exterior de la central:: CÉSAR A. GONZÁLEZ

La negociación fracasa a 12 días de que expire el plazo para solicitar la prórroga de vida útil por las diferencias de Endesa, Iberdrola y Naturgy

J. M. CAMARERO/M.Á.M.

Las tres compañías que comparten la propiedad de la central nuclear de Almaraz tampoco llegaron ayer a un acuerdo para solicitar al Gobierno la prórroga de su actividad. Lo tienen que hacer antes del próximo día 31 y por unanimidad. Pero las discrepancias entre Iberdrola (que tiene un 53% del accionariado), Endesa (con un 36%) y Naturgy (con el 11% restante) volvieron a ponerse de manifiesto en la segunda reunión que han mantenido en la última semana.

Los representantes de las tres energéticas acudieron a la junta de propietarios de Almaraz tras firmar recientemente un protocolo con Enresa (la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares) en el que se establecía un calendario ordenado de cierres desde 2027, cuando lo haría el primer reactor de esa planta, hasta 2035, con el de Trillo (Guadalajara).

Noticias relacionadas

En el caso de la nuclear extremeña –la que se somete a esta renovación de actividad al ser la primera que cumple los plazos vigentes–, ese acuerdo marcaba que sus propietarias solicitarían al Ejecutivo una ampliación de 7,4 años. Aunque en este punto también existían diferencias entre Endesa, que optaba por un tiempo algo más amplio, e Iberdrola y Naturgy, partidarias de no extenderlo.

En la reunión del pasado día 12, el choque surgió en esa cuestión. Pero también en la propuesta realizada por Iberdrola y Naturgy de condicionar la petición de ampliación de la actividad a que no se dispare la cuantía de las inversiones que tengan que realizar estas compañías propietarias en la central durante los próximos años, e incluso la posibilidad de desistir de la ampliación si se imponen inversiones superiores a las inicialmente previstas, según apuntan fuentes cercanas a la negociación.

Endesa, sin embargo, se opone a incluir esa hipótesis al considerar que no se debe incorporar ningún requisito adicional que limite el futuro del negocio.

Ante el bloqueo de las conversaciones a tres bandas, tendrá que ser la próxima semana cuando las firmas eléctricas vuelvan a sentarse para decidir qué hacer con el negocio de Almaraz. Desde el Gobierno todavía se mantiene la confianza en que lleguen a un pacto antes de que venza el plazo.

Mismo problema

El problema es que se puede repetir esta misma situación cuando se aproximen las fechas legales para solicitar una posible prórroga de actividad en el resto de centrales donde también comparten accionariado de diversa consideración: Vandellós II (Tarragona), cuya propiedad es de Endesa (en un 72%) e Iberdrola (28%); Ascó II (con un 85% para Endesa y un 15% para Iberdrola); y Trillo (48% de Iberdrola, 34,5% de Naturgy, 15,5% de EDP y 2% de Nuclenor). Cofrentes es 100% de Iberdrola y Ascó I, de Endesa.

Mientras, tanto, un día más se volvieron a suceder las protestas para pedir que la central siga funcionando diez años más. El Ayuntamiento de Almaraz y un grupo de mujeres de la localidad, formado por esposas y madres de trabajadores, celebraron una concentración de apoyo a los trabajadores en las puertas de la planta.

Esposas y madres de trabajadores de Alamaraz en una protesta::
Esposas y madres de trabajadores de Alamaraz en una protesta:: / CÉSAR A. GONZÁLEZ

Las convocantes pidieron que se sumaran la plantilla que abandonaba la instalación a partir de esa hora y el comité de empresa de la planta, que mantiene las concentraciones de protesta cada martes y jueves a las puertas de la planta cacereña, recoge Efe.

Igualmente, los integrantes del comité de empresa se encerraron en la sala que tienen en las instalaciones de la central coincidiendo con la concentración de los trabajadores en el exterior y la reunión de los dueños. Tenían previsto prolongar la protesta hasta saber el resultado de la negociación en Madrid.

En el plano político, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, consideró que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es el «comercial del cierre de Almaraz» y que esta central nuclear «con los socialistas está muerta».

Monago remarcó que el futuro alternativo al cierre de la central nuclear, que espera sea lo más tarde posible, tendrá que pasar por el desarrollo industrial de la zona de Campo Arañuelo, pero «no puede ser con las renovables, que no nos mientan» «No se puede cambiar empleo de calidad por algo que no genera empleo una vez que está montado». «¿Hay alguien ahí que pueda decir lo contrario a lo que yo estoy diciendo aparte del señor Fernández Vara? Es que esto es absurdo», insistió.

Desmantelamiento

En la Asamblea, la portavoz socialista adjunta, Ascensión Godoy, recordó que el desmantelamiento de Almaraz cuando se produzca su cierre conllevará también mucho empleo asociado a éste.

Por su parte, el portavoz popular adjunto, Luis Alfonso Hernández Carrón, opinó que concluir la actividad de la central supondría un mazazo para la comarca de Campo Arañuelo, toda vez que para su partido el presidente de la Junta «no ha sido capaz de plantear una alternativa viable» al cierre de la central y pese a ello este último no está muy preocupado.

A su vez, la diputada de Podemos en la Asamblea Jara Romero advirtió de que las empresas propietarias de la central «están más preocupadas por su beneficio que por la verdadera creación de empleo» en el Campo Arañuelo, e incidió en la necesidad –a juicio de su grupo– de articular un plan de alternativas en la zona que, entre otras cuestiones, aborde cuántos puestos de trabajo va a crear el desmantelamiento de la instalación cuando se cierre.

Mientras, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, se mostró en contra de que se cierre la planta «de hoy para mañana», y sin que se garantice que la comarca donde se ubica tenga una economía sostenible antes del fin de la actividad de la instalación, recoge Europa Press.