50 municipios de la provincia aún no han aplicado la Ley de Memoria Histórica

La Ley de Memoria Histórica lleva velocidades muy distintas en cada una de las dos provincias extremeñas. Mientras Badajoz se ha aplicado a fondo en los últimos meses en cumplir con la legislación vigente, lo cual ha propiciado varias polémicas, Cáceres va un paso por detrás, según reconoció este lunes mismo la presidenta de la Diputación Provincial, Rosario Cordero, tras la reunión con su homólogo pacense, Miguel Ángel Gallardo. Cordero se comprometió a que en este primer semestre del año se confeccione el catálogo de vestigios necesario para empezar a borrar las huellas del pasado franquista. Ella cifró en «unas 50» las localidades que aún no cumplen esta ley aprobada en diciembre de 2007 por el gobierno de Rodríguez Zapatero. «Hay algunos que ya se han puesto al día y no va a ser necesario actuar, en otros son pequeñas actuaciones».

Acerca de la aplicación en la provincia vecina, que ha suscitado polémica y un amplio debate público, incluso por parte de algunos familiares de personajes afectados, indicó que «los que vamos incorporándonos vamos aprendiendo de lo que se va haciendo, en ese sentido las dos provincias son iguales, pero sí puedo decir que Badajoz ha sido un ejemplo y de los golpes hemos aprendido, pero al final lo vamos a cumplir las dos provincias». Definió el momento como «de transición», e indicó que en las próximas semanas se creará una comisión de expertos para trabajar en esta materia. Ya está aprobada una ordenanza de subvenciones para instar a los Ayuntamientos a que cumplan con los requisitos legales en materia de Memoria Histórica.

El cumplimiento de esta ley es una obligación que condiciona el acceso de los Ayuntamientos a subvenciones. En Badajoz la propuesta de la comisión de expertos abarca 251 vestigios y 72 calles, y han surgido algunas voces críticas. La alcaldesa de Santa Amalia, por ejemplo, se ha opuesto a retirar los vestigios, y también han emergido voces de descendientes de los que ejercieron cargos durante la dictadura.

Miguel Ángel Gallardo recordó que su obligación es cumplir con la legislación . «Si exigimos que se cumpla la ley en Cataluña, es lógico que se cumpla con una ley que no se ha derogado». Indicó que «nadie obliga a pedir las subvenciones de la Diputación de Badajoz», pero si se quiere optar a ellas hay que cumplir con la Ley de Memoria Histórica, «pero nosotros no le quitamos el dinero a nadie».

El presidente de la Diputación sostiene que Badajoz «ha sufrido el impacto por ser la primera, pero la respuesta está siendo extraordinariamente positiva de cara al cumplimiento de los Ayuntamientos».