El PSOE de Plasencia critica la imagen de la Puerta Talavera tras el derribo del Chiquete
La agrupación socialista cree que la demolición tendría que haber esperado a la adquisición de los inmuebles contiguos
La nueva medianera que ha quedado al descubierto junto a la Puerta Talavera de Plasencia tras el derribo del bar Chiquete está despertando críticas ... por el aspecto que ofrece en uno de los accesos más transitados al centro histórico de la ciudad. La demolición, promovida por el Ayuntamiento para liberar un tramo de la muralla, ha dejado un solar vacío y, como telón de fondo, el paramento desnudo del inmueble contiguo. Aunque la muralla asoma tímidamente detrás, lo que domina la estampa es esa pared sin acabado, una imagen que muchos perciben como contraria al encanto que debería transmitir la entrada a la ciudad amurallada.
El PSOE local no ha tardado en fijar posición, calificando la intervención de error en un comunicado. «De acuerdo que se quiera recuperar la muralla. No estamos en contra. Pero derribar este edificio para que ahora se quede así nos parece un despropósito», señala el texto, que advierte de la sensación de «dejadez, decadencia y ruina» en un punto emblemático. Los socialistas recuerdan que en el pasado el Ayuntamiento optó por adquirir inmuebles sin derribarlos hasta contar con un plan de actuación más amplio, y critican que ahora la intervención se limite a lo que llaman una «foto de derribo».
Este caso abre el debate sobrequién debe asumir la obligación de adecentar la medianera expuesta. La cuestión, que a primera vista puede parecer de sentido común, tiene un trasfondo jurídico complejo. El principio general, recogido en el artículo 572 del Código Civil (conocido como Ley de Medianería), es claro: la obligación de conservar y mantener una pared medianera recae sobre su propietario. Bajo esta premisa, la responsabilidad de que la medianera presente un aspecto digno correspondería al dueño del inmueble que sigue en pie.
Sin embargo, la jurisprudencia y la Ley de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas introducen matices cruciales cuando el hecho generador del daño es una actuación pública. La clave no reside en si la medianera sufrió daños durante el derribo —que aparentemente no fue el caso—, sino en que la acción municipal ha alterado de forma radical e imprevista sus condiciones. Lo que era una pared interior protegida es ahora una fachada expuesta a la intemperie, que requiere de unos trabajos de acondicionamiento de los que carecía de necesidad antes.
Costes de expropiación
Existen casos en los que la Administración suele asumir el coste, por ejemplo, en el marco de una expropiación o actuación urbanística pública. Si el derribo se produce para abrir una nueva calle, crear una plaza o, como en este caso, liberar un elemento patrimonial como la muralla, todos los costes colaterales (incluido el acondicionamiento de medianeras) suelen ser asumidos por la Administración como parte del coste global del proyecto. En muchas ocasiones, está comprendido en pliego técnico y administrativo de la obra.
Por ello, la opción más viable pasaría por que el Consistorio asumiera los costes de acondicionamiento, bien directamente o mediante una subvención finalista, en el marco de su compromiso con la regeneración urbana. Esta solución, aplicada en casos similares en otras ciudades históricas, permitiría al propietario regularizar su situación sin sufrir un menoscabo patrimonial injusto, al tiempo que la ciudad ganaría en armonía estética.
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