La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Elia Blanco, que será juzgada el 30 de mayo

La exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco/HOY
La exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco / HOY

Está acusada de presunta prevaricación urbanística por no derribar viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara mientras fue alcaldesa de Plasencia

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSCáceres

La exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco, que ya pasó 16 meses en la cárcel y está inhabilitada por fraude y prevaricación, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 30 de mayo. El Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia ha fijado para ese día el inicio del juicio oral en el que Blanco tendrá que responder esta vez de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística, por el que la Fiscalía le pide dos años y nueve meses de prisión, más otros nueve años de inhabilitación especial y una multa de 3.240 euros. Está acusada de no haber derribado viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara durante sus años como alcaldesa.

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El procedimiento seguido contra Elia María Blanco es una extensión del conocido como 'caso Santa Bárbara'. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) resolvió en mayo de 2018 exculpar a los exconcejales de Urbanismo de Plasencia María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho, al considerar que no tenían competencias para dictar resoluciones que afectasen a terceros. Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía, que solicitaba para cada uno de ellos diez años y medio de inhabilitación especial por prevaricación y por omisión del deber de perseguir delitos. La Sala de lo Civil y Penal del TSJEx ratificó un mes después el auto del instructor.

En el 'caso Santa Bárbara' también aparecía como investigada Elia María Blanco, que dado su cargo de alcaldesa durante el periodo investigado (de enero de 2006 a junio de 2011) sí tenía, según el juez, la capacidad de emitir resoluciones urbanísticas de tipo decisorio. Hasta ese momento llevaba el caso el TSJEx por la condición de aforada de María Victoria Domínguez como diputada autonómica pero, al quedar esta exculpada, el tribunal ordenó enviar la causa al Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia para que decidiera qué hacer respecto a Blanco.

La instrucción se desarrolló en Plasencia durante los meses siguientes al auto del TSJEx, ya con la exalcaldesa socialista como única investigada. El pasado 3 de diciembre el Ayuntamiento de Plasencia envió al juzgado un escrito en el que renunciaba a continuar personado como acusación particular. El motivo, según indican a HOY fuentes municipales placentinas, fue que para presentar un escrito de acusación y pedir apertura de juicio oral debería haber «indicios incriminatorios más consistentes» contra Elia María Blanco.

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La Fiscalía, en cambio, sí presentó acusación y solicitó apertura de juicio, que finalmente ha sido fijado para el 30 de mayo. Lo hizo mediante un escrito firmado por la fiscal provincial de Medio Ambiente, al que ha tenido acceso este diario, en el que se indica que el ejercicio de las funciones públicas de disciplina urbanística estaba «atribuido específicamente a la acusada como alcaldesa de la localidad». También le correspondía por su cargo «asegurar la ejecución forzosa de los actos administrativos firmes dictados en su caso para restaurar la legalidad urbanística», en referencia a las órdenes de demolición que pesaban sobre varias viviendas de la sierra. Recuerda además que «la acusada no tiene como funcionaria pública ninguna capacidad de opción entre la ejecución o la inejecución de los actos administrativos firmes».

El escrito de acusación de la Fiscalía repasa los numerosos incumplimientos urbanísticos en Santa Bárbara, de los cuales Elia María Blanco tenía «exacto y pleno conocimiento», así como la capacidad material de actuar porque en esos años existía en el Ayuntamiento de Plasencia una oficina de urbanismo «con los medios personales y materiales necesarios».

«Sin embargo –indica la fiscal– doña Elia María nunca dictó ninguna resolución de incoación de expediente de ejecución forzosa para asegurar la demolición, y tampoco denunció nunca los incumplimientos de las eventuales órdenes de demolición que llegaron a dictarse en algunos expedientes». Asegura además que se trató de una «omisión injusta y consciente».

La Fiscalía recuerda que Elia Blanco tiene antecedentes penales por prevaricación –relativos a su condena del año 2014 por fragmentar obras públicas para evitar sacarlas a concurso–, si bien matiza que «no causan reincidencia». En esta ocasión, le pide dos años y nueve meses de prisión más nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. También el pago de 18 meses de multa con una cuota diaria de seis euros. De manera subsidiaria, es decir, en el caso de que no se encuentre a la exalcaldesa culpable de prevaricación de tipo urbanístico, la fiscal solicita que sea inhabilitada nueve años por prevaricación.

Elia María Blanco declinó ayer hacer declaraciones en relación al señalamiento de juicio y a las penas pedidas por la Fiscalía. En sus comparecencias en el juzgado ha insistido en que se limitó a cumplir las indicaciones de los técnicos y que ella nunca ordenó parar ningún derribo.

Fernando Pizarro

El mismo Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia que ha llevado el procedimiento contra Elia María Blanco está instruyendo la causa contra el actual alcalde, Fernando Pizarro, abierta tras la denuncia de una ciudadana y también relativa a las viviendas ilegales de Santa Bárbara.

Pizarro declaró como investigado en esta causa en julio del año pasado, una comparecencia en la que aseguró haber actuado contra las irregularidades urbanísticas en la sierra desde su llegada a la alcaldía.

Este procedimiento sigue en fase de instrucción a la espera de que la juez decida archivarlo o, como en el caso de Elia Blanco, ir a juicio.