Trasvase de dinero

Si lo que quiere el gobierno extremeño de PP y Vox es aportar dinero a sectores de población que de forma habitual se quedan fuera de las ayudas públicas, lo que debería hacer es elevar los umbrales de renta que tienen derecho a percibirlas (con sensatez, por supuesto, no los 100.000 euros fijados por Díaz Ayuso en Madrid), pues es cierto que muchas familias, normalmente cuando ambos cónyuges son asalariados, sin posibilidad alguna de ingeniería financiera, quedan excluidas de las ayudas del Estado. Llegar sin dificultad a fin de mes no equivale a ser rico.

La Junta ha adoptado otras medidas en el ámbito educativo que tienen como denominador común ese trasvase de presupuesto público al sector privado. Lo hizo primero con el anuncio de una ayuda de 200 euros a las familias que lleven a sus hijos a guarderías o centros de educación infantil, y más tarde con el de aportar 40 euros para aprender inglés en academias de idiomas. Es curioso ver que el liberalismo económico clama contra cualquier acción en la que ven intervencionismo del Estado (limitar los precios del alquiler, por ejemplo), pero están encantados cuando se trata de que les envíen clientes.

En ambos casos son sectores que la administración ya cubre, con guarderías públicas (bien que insuficientes en el número de plazas) y con la progresiva extensión de la enseñanza a los niveles de 0 a 2 años, en un caso; y el aprendizaje de idiomas en las aulas, también con las actividades extraescolares, en el otro. A partir de ahí, que la oferta privada amplíe, perfeccione y mejore las posibilidades de elección de las familias es bienvenido, saludable y necesario en una sociedad como la actual, pero es más discutible que tenga que estar financiado por todos nosotros.

Se me ha adelantado Julián Carretero en este diario con un artículo en el que advertía que este tipo de políticas en el marco educativo contribuyen, además, a acentuar la brecha entre las zonas rurales, donde la iniciativa privada no apostará por abrir tantas guarderías ni academias, y las urbanas, que concentran la oferta y a donde irá a parar, por tanto, la mayoría del presupuesto público.

No ocurriría, por el contrario, si la Junta decidiera destinar estos mismos fondos que nutrirán los negocios privados a aumentar la enseñanza del inglés, con independencia del lugar de residencia, y siguiera ampliando la gratuidad de la enseñanza desde los 0 años, por continuar con los ejemplos mencionados.

Que estas primeras decisiones sean en el ámbito educativo es coincidencia. No obedecen tanto al deseo de introducir cambios en el sistema de enseñanza actual, por lo demás muy acostumbrado ya, también con el PSOE, a convivir con conciertos educativos, poco justificados a veces ante el descenso de alumnos que se observa, sino que responden a un movimiento más amplio, al hecho de que la educación es el otro gran presupuesto que maneja la Junta, junto con el de sanidad, y, sobre todo, a la idea de que el Estado, en este caso la comunidad autónoma, debe auxiliar a los negocios privados, sean del sector que sean, que no merecen pasarlo mal.

Que existan empresas con beneficios es un objetivo loable, sin duda, pero se ha elegido para ello una fórmula rápida y simple, que pasa por ayudas directas a familias convertidas en clientes, que no tiene en cuenta si la iniciativa empresarial que al final ingresa ese dinero es de calidad, es innovadora, crea empleo o si acaba de empezar.

Se trata, en fin, de modelos económicos y de gestión distintos, pues la impronta de un gobierno PP-Vox debería empezar a notarse alguna vez en Extremadura.