Más allá del ruido y la furia

La imposibilidad de adquirir una casa por parte de las nuevas generaciones que necesitan emanciparse, incluso entre aquellos que cuentan con un trabajo asentado, de estatus económico superior a veces al que disfrutaron sus padres, que sí pudieron comprarse su piso, y las grandes dificultades para acceder al menos a un alquiler que permita iniciar un proyecto de vida más allá del recurrente inmueble compartido, amenaza la calidad del sistema de bienestar alcanzado en este país y está agrietando el estado de justicia social sobre el que se levantó una clase media amplia, uno de los principales logros de nuestra actual democracia, pero en retroceso desde la pasada crisis económica. Hasta Cáritas ha dado a conocer que la mitad de las ayudas que presta ya van dirigidas al pago de la vivienda.

Esta brecha social explica que la imparable subida de precios de los pisos, perceptible también en la región, convive en cambio con informaciones de nuevos récords en la compraventa de inmuebles, una paradoja basada en la oferta y demanda y que demuestra la grieta que se agranda cada día en la capacidad de renta y poder adquisitivo entre los españoles: solo unos pocos están en disposición de comprar muchas casas, tras el olvido de las políticas públicas para poner en el mercado vivienda protegida.

Es muy probable que, pese a la cocina del inefable Tezanos, en el próximo Barómetro del CIS la corrupción escale varios puestos en las preocupaciones de los españoles, y no es para menos tras lo que se va conociendo relacionado con Santos Cerdán y el PSOE, noticias de una gravedad tal que pueden hacer caer un gobierno.

Pero esa realidad no debería hacer olvidar, y mucho menos servir de excusa a los políticos para incurrir en la dejadez, cuáles son los auténticos problemas que afectan a los ciudadanos, ni enturbiar de la manera que lo está haciendo el más apartado debate sobre todo tipo de asunto, de forma que resulte imposible abordar el problema de la vivienda (tema elegido por Miguel Ángel Gallardo para su segunda intervención en la Asamblea), el buen uso de fondos europeos, o la calidad del suministro eléctrico, por citar temas también de actualidad, sin que los argumentos desbarren por el camino de qué partido tiene más corruptos o quién es más o menos usuario de la prostitución.

Convertir en un lodazal cualquier debate público, también los de la Asamblea de Extremadura, un espacio habitualmente menos crispado que la política nacional, no apunta nada bueno en favor de que los ciudadanos encuentren medidas positivas para corregir los problemas que lastran sus respectivos proyectos de vida.

Es inevitable que el parlamento haga de caja de resonancia de la calle y es impensable que el debate nacional no impregne también la vida política extremeña, que por su puesto no es una burbuja, pero no justifica que todo se convierta en una réplica de los argumentarios de turno que más convienen, ajenos a lo que se está tratando. Quizás sea más cómodo para los intervinientes en busca de los aplausos de su partido, pero tras esa política de ruido y furia también debe existir otra que tiene que ver con las soluciones que esperan los ciudadanos.