Investidura divisiva

Tal y como ocurrió con la divisiva ley de amnistía, el presidente ha antepuesto la necesidad –investir a Illa para sostener el relato de que su 'política del reencuentro' en Cataluña funciona– a la virtud de intentar explorar alternativas que no fuercen las costuras de la legalidad vigente y de los consensos forjados desde la Transición. Y, una vez más, sin que el cambio de criterio entre lo que no se iba a hacer bajo ningún concepto y lo que se acaba haciendo se explique por razones comprensibles que prioricen el bien común sobre la determinación puntual de la Moncloa; empezando por la simulación democrática que supone que el futuro inmediato de los catalanes, con su insoslayable proyección sobre el resto del país, quedara en manos ayer de los apenas 8.226 militantes consultados por ERC con la anuencia de los socialistas. Este miércoles, en su balance del curso, Sánchez se jactó de que España está más cohesionada que nunca gracias a su estrategia 'postprocés'. Una sentencia que solo puede sostenerse desde un voluntarismo ciego ante el rechazo que la soberanía fiscal suscita no solo en las comunidades mayoritariamente gobernadas por el PP, sino también en las socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha. Así, el pago por la investidura de Illa inocula zozobra en la inestabilidad cronificada de la legislatura.