El despropósito de la muralla
Análisis ·
Primero se tiraron a la basura 800.000 euros de subvención y ahora el constructor acusa al Ayuntamiento de Cáceres de dejación de funciones
Cuanto más sabemos de lo que ha pasado con la segunda fase de la rehabilitación de la muralla almohade de Cáceres, uno de los ... principales monumentos de la ciudad, más nos llevamos las manos a la cabeza con el despropósito en el que se ha convertido. El Ayuntamiento de Caceres le adjudicó la obra en julio de 2022 por algo más de un millón de euros a Cabero Edificaciones, una empresa familiar centenaria de Valladolid que ha ejecutado proyectos de restauración patrimonial por toda España. Apenas le había dado tiempo a colocar los andamios, una vez superado el periodo de anidación de los vencejos, cuando se supo dos meses después que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le había exigido al Ayuntamiento cacereño la devolución de los 844.624 euros con los que había subvencionado la obra. El motivo: que el proyecto se había modificado de manera sustancial, sobre todo con la retirada de un ascensor junto al lienzo que sí aparecía en el proyecto para el que se había concedido la ayuda. Primera metedura de pata.
Mientras tanto, Cabero Edificaciones, según hemos sabido ahora por las declaraciones de su administrador único, había tratado de iniciar la obra, pero se encontró con que no podía hacerlo porque el promotor, es decir, el Ayuntamiento de Cáceres, se había 'olvidado' de contratar el seguimiento arqueológico, un detalle que en otros casos podría considerarse menor, pero no cuando se trata de una muralla medieval de los siglos XII y XIII. Tampoco había hablado nadie con los vecinos de las casas adyacentes para que permitieran el paso a los obreros, y por si fuera poco existía un proceso judicial en marcha para dilucidar la propiedad de la Torre Redonda, que está incluida en la segunda fase de la rehabilitación. El resultado: que la obra quedó parada de manera indefinida.
Reanudación
Transcurrieron los meses y poco más se supo hasta el pasado verano, cuando después de las elecciones municipales el nuevo alcalde, Rafael Mateos, anunció que la rehabilitación se haría íntegramente con fondos municipales y que había ordenado a la empresa reanudar los trabajos. Se trataría más bien de iniciarlos, porque lo único que se había hecho en todo ese tiempo era montar los andamios y echar herbicida al lienzo. Conocimos entonces otros desatinos, como que el bufete de abogados madrileño que el Ayuntamiento había contratado para litigar contra el Ministerio por la pérdida de la subvención había renunciado por falta de pago. Por si fuera poco, cuando Cabero Edificaciones recibió la orden de retomar la obra se encontró con que el arqueólogo, contratado por fin en los meses anteriores mientras la obra estaba parada, también había renunciado porque los trabajos tardaban demasiado en empezar. Y una más: los apenas 16.000 euros de la rehabilitación ejecutados hasta la fecha nunca han sido certificados por el Ayuntamiento y la empresa no los ha cobrado, según denuncia Cabero.
Ante este panorama, la empresa constructora comunicó al gobierno municipal su intención de resolver el contrato argumentando reiterados incumplimientos derivados de la dejadez del promotor, pero Rafael Mateos no está por la labor y le exige, mediante una resolución de alcaldía firmada este viernes, que reanude una obra convertida ya más en un dolor de cabeza que en un encargo profesional. O alguno de los dos da su brazo a torcer y se negocia, o este asunto, como tantos otros, acabará en los tribunales mientras sigue sin llevarse a cabo una restauración patrimonial que es muy necesaria, pero que parece condenada al fracaso desde el primer momento.
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