El pasado domingo, un amable lector hizo un atinado comentario a mi artículo en relación al caso Koldo-Ábalos-Cerdán: «Aquí se está pasando ... por alto algo muy grave y es la corrupción entre los empleados públicos. No hay amaños posibles de adjudicaciones y modificados de contratos sin el concurso activo de órganos de contratación, mesas de contratación y órganos de asistencia, presidentes, asesores jurídicos, vocales técnicos (...). No me creo que ninguno de estos actores cometa lo que sabe que son delitos gratuitamente y por una orden de un secretario de Organización, un Koldo o un ministro (que no va a ir a hablar con un jefe de sección). Necesariamente, la trama debe permear a toda la pirámide de mando. Los audios son la punta del iceberg».
Y aunque la vicepresidenta Montero quisiera negar la evidencia al asegurar que no hay pruebas de amaños en las adjudicaciones públicas, el informe de la UCO lo desmiente y empezamos a ver algo más del iceberg al conocer la presunta implicación en la trama de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras, cuyas imputaciones ha pedido el magistrado Leopoldo Puente.
Pero este escándalo es como una bomba de racimo y me temo que se irán desgranando más presuntos implicados en «toda la pirámide de mando», pues es otro síntoma de que la corrupción es un cáncer que ha metastatizado en España, un problema estructural, como sostiene el magistrado Joaquim Bosch, autor de 'La patria en la cartera'. Un botón de muestra: los auditores de la UE constataron hace unos años que en España, en igualdad de condiciones orográficas, el metro cuadrado de autopista costaba el doble que en Alemania. Esto se debía a «determinadas anomalías en la adjudicación pública» que provocan sobrecostes, como hemos visto en los casos Koldo, Gürtel, Púnica y otros que han manchado nuestra historia democrática reciente.
Porque en lo que a corrupción se refiere, España no ha completado la transición desde la dictadura cleptocrática franquista. Mas el origen hay que situarlo, al menos, en la restauración borbónica de 1874, que reforzó el sistema caciquil originado con Isabel II, como analiza Paul Preston en 'Un pueblo traicionado'. El prestigioso hispanista explica cómo el progreso del país ha sido obstaculizado por la corrupción y la incompetencia política, y cómo esos dos factores han provocado en repetidas ocasiones el colapso de la cohesión social y la represión violenta por parte de las autoridades.
Y de aquellos polvos, estos lodos, pese a las sempiternas promesas de regeneración democrática lanzadas por tirios y troyanos en la oposición y que cayeron en saco roto al alcanzar el poder. Por ello, recalca Bosch, España es líder europeo en condenas por corrupción . Por ende, «si es tan fácil manipular la adjudicación pública esto se sabe y se permite; esto se debería reformar de manera muy profunda», sentencia el juez. Pero, claro, admite que eso debilitaría las cúpulas de los partidos, por lo que ¿quién está dispuesto a ponerle el cascabel al gato?
El reciente informe 'Government at a Glance 2025' de la OCDE corrobora ese diagnóstico al revelar que España no cuenta con un marco estratégico nacional contra la corrupción, lo que, sobre todo, reduce la credibilidad institucional y la confianza ciudadana, el caldo de cultivo del que se alimentan los populismos. Por ello, la corrupción es uno de los enemigos silentes que corroe la democracia. Mas, ojo, zanja Bosch, «corrupción no solo es robar, sino facilitar que otros puedan apropiarse a espuertas de los recursos de la sociedad».
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