La Policía registra Biomar, un gigante de hidrocarburos acusado de defraudar 280 millones

La causa abierta por el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, está bajo secreto aunque fuentes judiciales enmarcan los delitos investigados en la presunta organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Pese a que todas las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional sobre el fraude millonario con combustibles las llevan como policía judicial la UCO de la Guardia Civil, en este caso es la UDEF de la Policía Nacional quien se ha hecho cargo de las pesquisas de Biomar Oil. Una decisión que ha llamado bastante la atención a las fuentes consultadas. Los tres detenidos pasarán este miércoles a disposición judicial.

Biomar fue una de las empresas a quien el Gobierno suspendió la licencia de operador de productos petrolíferos en octubre de 2024. El motivo es que no cumplió con sus obligaciones en el ámbito de los biocombustibles. Además, Hacienda la incluyó en junio pasado en la lista de grandes morosos, con una deuda a las arcas públicas de 119 millones, una cantidad inferior a los 280 millones que ahora se estima que pudo dejar de pagar en concepto de impuesto de IVA.

Se da la circunstancia de que, lejos de asumir la inhabilitación de su actividad en junio de 2024, los abogados de Biomar Oil -perteneciente al grupo inversor TCM, con sede en Madrid- recurrieron en la vía administrativa esta resolución del Ministerio de Transición Ecológica, que según la compañía les ha generado un perjuicio equivalente a la deuda acumulada con el fisco. Del mismo modo, se querellaron contra el subdirector general de Hidrocarburos, José Luis Cabo, por presunta prevaricación. Este caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que archivó el procedimiento aunque está a la espera de un recurso ante la Audiencia Provincial.

Sin embargo, mientras emprendían esta doble ofensiva judicial en paralelo la policía investigaba la conocida operativa de fraude de hidrocarburos por la que se dejaba de pagar el impuesto del IVA. También una presunta operativa de blanqueo de capitales a través de bienes de lujo para desviar los millones de euros no tributados.

El administrador de Biomar Oil fue Juan Antonio Molina, quien tuvo que afrontar la gestión del riesgo regulatorio hasta la respuesta técnica ante la sanción millonaria y la retirada de licencia. A su alrededor estuvieron nombres como Virgilio Cano de Lope, represente legal de la mercantil, cuyos depósitos de combustible están situados en Málaga y Cartagena y la sede central de la empresa, ahora en concurso de acreedores, está en Barcelona.