Cataluña se lleva 2.251 millones de los Presupuestos, un 53% más que el año pasado

María Jesús Montero lleva al Congreso los Presupuestos Generales del Estado y posa junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. / EFE

Las cuentas prevén una recaudación récord de impuestos, aunque la aportación mínima del 15% en Sociedades afectará solo a 10.000 empresas | El gasto en pensiones aumenta un 6,2% y supone que 42 de cada 100 euros van dirigidos a esta partida

EDURNE MARTÍNEZ y JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El Gobierno ha presentado este lunes los Presupuestos Generales del Estado para 2019 en el Congreso con un evidente guiño a los partidos catalanes terminen por inclinar la balanza hacia la aprobación de sus cuentas. Lo han hecho a través de unas cuentas que otorgan a Cataluña el 18,5% de la inversión total, según el cuadro de la distribución de inversión territorializada.

De esta forma, si salen adelante las cuentas públicas, Cataluña se llevará 2.051 millones de euros, lo que supone el 16,8% del total, pero hay que sumar otros 200 millones por la sentencia del Supremo que contempla que la inversión debe ser equivalente al peso de su economía en el conjunto del Estado. Como el PIB de Cataluña en 2017 fue del 19,2% del total del Estado, la cifra habría que aumentarla.

Así, se trata de la comunidad que más aumenta su recaudación por inversión del Estado respecto a los últimos Presupuestos elaborados por el Gobierno de Rajoy, con 900 millones de euros de incremento. Esta subida supone que Cataluña se lleve 250 millones más que la segunda en la tabla, Andalucía, a pesar de ser ésta la más poblada. La comunidad andaluza aun así aumenta la cuantía de su inversión en 646 millones hasta los 2.132 millones, lo que supone una subida del 43,5% respecto a las cuentas de 2018.

Pero no son las únicas comunidades que ganan. De hecho, donde más aumenta la inversión respecto al año pasado es Navarra, con un incremento del 92%, aunque el total es de 108 millones de euros de inversión, muy lejos de la cuantía de otras.

En tercer lugar en la tabla de mayores inversiones está la Comunidad Valenciana, cuya cuantía crece en 447 millones de euros, un 60,2% más que en las anteriores cuentas, hasta un total de 1.189 millones de euros. La inversión se queda así en esta comunidad en el 9,8% del total por territorios, cercano al 10% que había pedido su presidente, Ximo Puig, aludiendo a que la inversión fuera equivalente al peso población de cada territorio. En total, el Estado realiza una inversión de 12.181 millones de euros a nivel regionalizable en estas cuentas para 2019.

Récord de recaudación

El Gobierno prevé recaudar 227.356 millones de euros a través de impuestos directos e indirectos, lo que supondría un 9,5% más que el año anterior, cuando a pesar de haber presupuestado 210.000 millones finalmente se obtuvieron poco más de 207.600 millones. Este aumento de la recaudación viene sobre todo dada por el incremento previsto en el Impuesto de Sociedades, en el que se ha establecido una aportación mínima del 15% para grandes empresas.

Y ello a pesar de que esta medida impactará solo en 10.092 compañías, un 0,7% de las empresas que tributan por Sociedades, según ha explicado este lunes la ministra de Hacienda. Los impuestos indirectos, como el IVA, aumentarán casi un 16% hasta los 54.627 millones de euros.

Por el lado de los gastos, el 57,3% del total consolidado corresponde a gasto social. Destaca la política de pensiones, que aumenta un 6,2% para revalorizarlas conforme al IPC hasta un total de 153.854 millones de euros presupuestados. Esta elevada cifra supone que 42 de cada 100 euros del Presupuesto se destine a pagar pensiones.

Montero ha explicado que el Presupuesto pretende «cambiar políticas económicas que no han dado resultados» porque España no ha salido del procedimiento de déficit excesivo, ni ha reducido el nivel de deuda ni se ha mejorado la cohesión social y territorial, lo que ha «dinamitado el pacto social».

Las cuentas constituyen así «un punto de inflexión» para recuperar la justicia social, la distribución adecuada de la riqueza o modernizar la económica mientras se fortalece el Estado del bienestar y se pone en marcha una política fiscal que contemple una mayor distribución de la riqueza, ha asegurado.

Se eleva un 1,41% la asignación a la Casa del Rey

El proyecto eleva la asignación destinada a la Casa del Rey un 1,41 por ciento, al pasar de los 7.887.150 euros del pasado ejercicio a los 7.999.040 euros para el año actual. Se lleva a cabo en aplicación del artículo 65 de la Constitución.

El proyecto presupuestario sólo recoge esa cantidad total, que es de 111.890 euros más que en 2018, y si es aprobado por las Cortes, será cuando el rey fije la distribución de los casi 8 millones de euros correspondientes a 2019.

De los 7,8 millones de euros de los presupuestos de 2018, el 48,63 por ciento se destinó a gastos de personal, el 35,2 a gastos corrientes en bienes y servicios, el 8,62 por ciento a la Familia Real, el 6,05 por ciento a inversiones y el 1,43 por ciento al fondo de contingencia.

El capítulo destinado a la Familia Real contó con un total de 679.818 euros, y el rey percibió 242.769, la reina Letizia 133.530, el rey Juan Carlos 194.232 y doña Sofía 109.260.

Rebajas fiscales para empresas que contraten mujeres

El Gobierno ha encontrado una fórmula para tratar de que las grandes compañías fichen a más mujeres como miembros de sus consejos de administración. Y lo ha hecho sin necesidad de obligar a hacerlo, sino que ha optado por una vía más sugerente, la de la tributación. Los Presupuestos del Estado incluyen la previsión de crear una nueva deducción en el Impuesto de Sociedades para las empresas que incorporen a más perfiles femeninos.

La medida no está restringida a ningún tipo de compañía, aunque la realidad del entorno empresarial español -con muchas micropymes y pymes, y pocas empresas medianas y grandes- provocará que sean estas últimas las que más se beneficien de esta medida. Se trata de una desgravación del 10% en el Impuesto de Sociedades sobre la remuneración que perciban las consejeras que accedan a ese cargo en el ejercicio en que se devengue ese tributo. «Se trata de dar coherencia con lal ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres», ha indicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La titular de Hacienda ha indicado que la falta de mujeres en los consejos «es el ejemplo más manifiesto de la falta de oportunidades, sobre todo en las grandes empresas, donde se ve más la seña de masculinidad». Las cuentas públicas se proponen con esta medida incentivar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en esos órganos de decisión, incorporando de esta forma la perspectiva de género a Sociedades.

De las 35 compañías que actualmente conforman el índice Ibex solamente 12 cumplen con la recomendación de la CNMV sobre la presencia femenina en los consejos, fijando esa representación mínima en el 30%. En el conjunto de las empresas esa presencia apenas llega al 20% del total. Entre las pocas presidentas de empresas se encuentra la de Santander, Ana Botín, quien en sus últimas declaraciones ha insistido en la necesidad de mejorar la presencia de mujeres profesionales en los consejos y en los ámbitos de decisión de las empresas cotizadas.

Apoyo de los partidos

Aunque Unidos Podemos y el PNV están cerca de apoyar estas cuentas en su votación en el Pleno del Congreso, previsiblemente a mediados de marzo, el Gobierno todavía no tiene garantizados los apoyos de los independentistas catalanes.

En ERC, el grupo parlamentario dirigido por Joan Tardá, se insiste en que el Gobierno debe mover ficha, hacer algún gesto tanto desde el punto de vista jurídico, frente a la Fiscalía, como con una propuesta política que contemple a independentistas y no independentistas.

El vicepresidente del gobierno catalán y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha avisado ya de que el voto de su formación en la tramitación de los Presupuestos no depende solo de las inversiones prometidas a Cataluña.

Una opinión compartida por el PDeCAT, que además sigue exigiendo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación para poder apoyar estas cuentas.

Los Presupuestos pasarán por tres momentos importantes durante su tramitación: el debate de enmiendas a la totalidad (la semana del 11 de febrero), el debate de enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos (a principios de marzo) y la votación final del dictamen en el Pleno del Congreso (mediados o finales de marzo).

Una vez pasado el trámite del Congreso, los Presupuestos llegarán al Senado en abril, donde no superarán el debate de vetos, ya que el PP tiene mayoría y rechazará las cuentas, con lo que serán devueltas al Congreso, que en este caso sí tiene capacidad para levantar este veto de la Cámara Alta.

Sube la partida para RTVE

El Gobierno también ha decidido incrementar la asignación presupuestaria para la Corporación de RTVE, que recibirá en 2019 un total de 376 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,5% respecto al ejercicio anterior, según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

De este modo, los 376 millones de euros asignados a la Corporación pública, que dirige de forma provisional Rosa María Mateo, se corresponden con la prestación de servicio público de radio y televisión, incluyendo la partida destinada a las actividades que desarrollan la Orquesta y Coro de RTVE.

En concreto, para la prestación del servicio público de radio y televisión se destina un total de 364,2 millones de euros, mientras que para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de RTVE la asignación asciende a 11,3 millones de euros.

La asignación presupuestaria de la Corporación RTVE se mantuvo sin variaciones en los años 2017 y 2018 (342,87 millones de euros), mientras que en el año 2016 registró un incremento del 17,8% respecto al ejercicio de 2015, hasta situarse en 331,5 millones de euros.

Asimismo, al ente público Radio Televisión Española (en liquidación) se asignan 36 millones de euros, frente a los 41 millones del ejercicio anterior.

Finalmente, en el proyecto de PGE presentado este lunes 14 de enero en el Congreso de los Diputados se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

«El mayor gasto social de la democracia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en su perfil de Twitter un vídeo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que explica las bondades del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

El jefe del Ejecutivo destaca en su tuit que las cuentas públicas de 2019 contienen «el mayor gasto social de la democracia», con más partidas presupuestarias para luchar contra la violencia de género y la pobreza infantil y para dependencia, pensiones y becas. Todo ello con el hashtag #PGEparaUnPaísMejor.

Una tramitación de dos meses si el proyecto es admitido en el Congreso

 Una vez entregado en el Congreso el proyecto de Presupuestos del Estado, los grupos parlamentarios tienen hasta el 21 de enero para solicitar las comparecencias de altos cargos, que se celebrarán del 28 de enero al 1 de febrero.

La primera fecha relevante para la suerte del proyecto llegará el 13 de febrero. La víspera se tienen que debatir en el pleno las enmiendas a la totalidad de las cuentas, y 24 horas después se votaran todas juntas. Hay plazo para presentarlas hasta el 8 de feberero. Si prosperan, de momento solo PP y Ciudadanos han anunciado que las presentarán, el texto será devuelto al Gobierno. Pedro Sánchez en ese caso se vería obligado a gobernar con las cuentas de 2018, elaboradas por el Gobierno de Mariano Rajoy, o debería disolver las Cortes y convocar elecciones.

En caso de que el Gobierno supere ese examen, se entra en la fase de enmiendas parciales, con plazo hasta el 15 de febrero para entregarlas en el Congreso. Estas modificaciones se suelen contar por millares.

Los cambios parciales se discutirán hasta el 1 de marzo en la ponencia de la Comisión de Presupuestos, que las rechazará, aceptará o refundirá. Las que sobrevivan quedarán plasmadas en un informe que tiene que aprobarse el 8 de marzo.

Este dictamen de la ponencia pasará al pleno del Congreso, que las debatirá y votará por capítulos en otro pleno monográfico entre el 11 y 13 de marzo. Con que una sección sea rechazada caerá todo el proyecto.

Sorteado este segundo trámite, el texto pasará al Senado, donde la mayoría absoluta del PP lo rechazará. A continuación, volverá al Congreso que puede ignorar el veto con una votación para la que se requiere mayoría absoluta.

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