Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Los agentes, en una larga mañana de registros, han accedido a cinco inmuebles para completar una operación que sigue abierta y bajo secreto de sumario. Hasta el momento son pocos los datos que han trascendido, si bien el resto de arrestados, algunos de ellos de nacionalidad dominicana, estarían relacionados con el tráfico de drogas. De igual forma, no se descartan vínculos con delitos sobre la prostitución.

La investigación ha sido autorizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, mientras que fuentes oficiales de la Policía Nacional de Valladolid se limitan a aclarar que «desde la comisaría provincial muestran su colaboración con Asuntos Internos para continuar con la investigación y esclarecer los hechos».

De hecho, la posible implicación del máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico de la Policía Nacional de Valladolid, natural de Cuéllar, a la espera de conocer su grado de participación, ha obligado a que las pesquisas fueran llevadas a cabo desde el grupo de Asuntos Internos de Madrid.

El mando policial detenido es el esposo de Marta Sanz, actual portavoz municipal del PP en la localidad de Arroyo de la Encomienda. Ella desembarcó en este partido tras haber sido secretaria de la Mesa de las Cortes con Ciudadanos durante la etapa de coalición entre la formación naranja y los populares..

No es el primer caso en el que agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentran dentro de una investigación contra el narcotráfico. Recientemente, en la provincia de Segovia, dos guardias civiles han sido detenidos por colaborar con un entramado dedicado a la distribución de drogas. En esa ocasión, filtraban datos confidenciales, así como información de controles para evitar ser descubiertos en sus trayectos.

A mayores de la colaboración de estos guardias civiles, que además de detenidos están apartados del Cuerpo al estar investigados por delitos de revelación de secretos y omisión del deber de persecución de delitos, los integrantes de la trama desmantelada tomaban sus medidas de seguridad para dificultar lo máximo posible la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado.