Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta

En la sesión inaugural de esta vista oral, el propio Correa reconoció que quiso marcharse a Panamá para no pagar impuestos, que no presentó declaraciones tributarias durante años y que no aparecía como titular de cuentas bancarias en España.

«Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España», confesó el lider de 'Gürtel', precisando que no llegó a abrir una cuenta en el país centroamericano porque lo detuvieron antes. Correa, durante su declaración, negó una relación estrecha con el expresidente José María Anzar. «Yo no era amigo de Aznar. Le conocía porque trabajaba para el Partido Popular y fui a la boda de la hija, pero no era amigo mío», apuntó el imputado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos.

«Fundamentalmente», detalla, «con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad».

Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía «contratos mediante sobornos a cargos públicos» se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes.

«Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos», indica.

La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la «connivencia» de otros acusados para armar una «trama de confección de facturas falsas» con la «triple finalidad» de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal --«Caja B»--; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.