Vox pierde cinco cargos con su salida del Gobierno extremeño

El acuerdo que se firmó hace poco más de un año y que permitió la investidura de la popular María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura concede a Vox la participación en el Ejecutivo regional mediante la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Además del titular de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, esa consejería cuenta con otros cuatro altos cargos. Se trata de la secretaria general, Amparo Gómez-Landero, y los directores generales de Gestión Forestal, Caza y Pesca (Ricardo Romero), Prevención y Extinción de Incendios (José Antonio Bayón) e Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia (José María Sánchez Cordero).

Junto a esto, según la relación publicada por el Gobierno regional, Gestión Forestal cuenta con cinco trabajadores eventuales: jefe de gabinete, jefe de prensa, secretaria del consejero, asesor y conductor. Su nombramiento corresponde al responsable de la consejería.

En cuanto a la Asamblea de Extremadura, donde Vox cuenta con un grupo propio con cinco diputados, los puestos de eventuales no están en entredicho, ya que el reparto se realiza al inicio de cada legislatura por acuerdo de la Mesa de la Cámara y atendiendo a la representatividad obtenida en las elecciones autonómicas.

Sin embargo, hay un punto del acuerdo entre PP y Vox que está pendiente de cumplimiento y que afecta al Parlamento regional. Como en la sesión constitutiva de la Asamblea en la presente legislatura, en junio del pasado año, no había pacto entre los dos partidos, el PSOE prestó sus votos a Unidas por Extremadura para que lograra un puesto en la Mesa, lo que no consiguió la formación de Santiago Abascal.

En el pacto que hizo a Guardiola presidenta de la Junta se incluyó la modificación del Reglamento de la Asamblea para garantizar que la composición de la Mesa sea proporcional al número de miembros de cada grupo parlamentario. Con ese fin, PP y Vox han presentado recientemente una propuesta conjunta para que el órgano de gobierno interior de la Cámara extremeña pase de seis integrantes (tres del PSOE, dos del PP y uno de Unidas por Extremadura) a ocho, dando entrada así al socio de los populares en el Gobierno regional. Pero con la ruptura anunciada por Abascal la reforma queda en el aire.

Ese acuerdo también incluyó la designación de Ángel Pelayo Gordillo, presidente del Grupo Parlamentario Vox, como senador autonómico, un cargo que correspondía al PP. El Reglamento de la Asamblea establece que su mandato está vinculado a la legislatura, con lo que sólo cabría una vacante en caso de dimisión.

La ruptura del acuerdo también exime al PP del cumplimiento de algunos puntos pendientes, como la implantación del pin parental que reclama Vox en el ámbito educativo.

Asimismo, tampoco tendría validez la exigencia que ha hecho Vox de que el regadío de Tierra de Barros cuente con financiación adecuada en los próximos Presupuestos autonómicos, aunque María Guardiola seguiría necesitando apoyos para la aprobación de las cuentas tanto del 2025 como del resto de la legislatura.