El TSJEx pide por escrito al CSIC que acabe ya el informe sobre Valdecañas

Esa comunicación tiene fecha 15 de octubre, y en ella, la Sala de lo contencioso-administrativo concede un plazo de respuesta de diez días. Lo primero que solicita es información sobre el «estado en el que se encuentra la emisión del dictamen pericial». En segundo lugar, pide una «fecha posible de entrega» de ese informe. Y el tercer punto dice lo siguiente: «Procédase a realizar las actuaciones que sean necesarias para poner fin a la mayor brevedad al dictamen pericial». Es decir, le mete prisa.

18 días antes de enviar esta carta, la Sala recibió un escrito, con fecha 27 de septiembre. Se lo envió el abogado de las comunidades de propietarios de los complejos residenciales sur y centro de Marina Isla Valdecañas (hay una tercera comunidad, la de la zona norte).

En él, el letrado exponía que «han transcurrido más de dos años desde que ese Tribunal encomendó a la Estación Biológica del Parque de Doñana la emisión de un informe sobre la situación medioambiental y particularmente de la avifauna del complejo Marina Isla de Valdecañas, sin que hasta la fecha se haya aportado dicho informe a la Sala». «En consecuencia –continúa el texto–, siempre que al Tribunal le parezca procedente, entendemos que sería oportuno requerir al citado organismo para que evacue y aporte el informe solicitado».

Y la petición ha sido atendida, en forma de oficio enviado hace ocho días por el TSJEx al CSIC, que fue el organismo que la Sala eligió para elaborar un informe pericial que resultará clave para resolver un proceso judicial que comenzó en el año 2007. Lo será porque ese estudio pericial no solo aclarará el estado de la avifauna de la zona, sino que debe responder a una cuestión concreta: ¿Qué es mejor para el ecosistema del lugar, derribar el complejo o dejarlo en pie?

Esa pregunta es la quinta de las cinco que la Sala de lo contencioso administrativo planteó en su auto del 10 de marzo de 2015. La primera es si lo que había antes de que se construyera el complejo eran tres islas o una península. La segunda, qué había allí antes de que llegaran las máquinas, pues según unos era un eucaliptal que iba tomando ya aspecto de basurero, y a decir de otros, constituía un valioso pulmón verde. La tercera interrogante que el Tribunal plantea a los expertos de la Estación Biológica de Doñana es si los estudios que se hicieron para la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) estuvieron bien elaborados. Y la cuarta, si el complejo ha tenido un impacto ambiental positivo o negativo sobre la zona.

Sus respuestas darán o quitarán razones a unos y otros, pues las partes no se ponen de acuerdo ni siquiera para determinar si en el lugar hay ahora más o menos pájaros que antes. La Junta de Extremadura –que es quien defiende que es inejecutable la sentencia del Supremo y antes del TSJEx que obliga a devolver los terrenos a su situación original– destacó en su día que «la evolución de la avifauna ha sido positiva entre 2003 y 2013, con cifras récord de las especies clave que provocaron la declaración de zepa (zona de especial protección de aves)». Por el contrario, las asociaciones ecologistas aportaron en su momento un estudio de SEO/Birdlife que asegura que de las catorce especies de aves migratorias que la administración debe proteger, trece presentan tendencias negativas».

La cuestión medioambiental será la base de la decisión del Tribunal sobre la ejecución o inejecución de la sentencia, o lo que es lo mismo, sobre si se echa abajo o no el complejo. La Sala ya advirtió en ese auto de marzo de 2015 que no atenderá a las consecuencias económicas del derribo –la Junta asegura que costará 33,9 millones de euros– ni a a ningunas otras razones. Solo le importa, avanzó el TSJ de Extremadura, la cuestión medioambiental, y precisamente por esto eligió a la Estación Biológica de Doñana, al ofrecer «total seguridad de imparcialidad» y le garantizar «un resultado científico contrastado». Y esas conclusiones, lo deja claro en su oficio, las quiere sobre su mesa cuanto antes.