El TSJEx obliga a la Junta a volver a baremar a más de 600 aspirantes a técnico de Empleo

En el marco de este proceso, fueron 3.193 las plazas que se sacaron de administración general. De estas, 447 se tenían que cubrir a través de un sistema de concurso-oposición y el resto, 2.746 plazas, solo por concurso o, lo que es lo mismo, baremando los méritos de los aspirantes.

Es en estas últimas en las que se encuadran las 126 que se convocaron para técnico de Empleo y fueron 684 los aspirantes admitidos en el listado definitivo. Todos ellos ya han sido baremados y, por tanto, determinado quiénes son los que optarían a las plazas en función de la puntuación obtenida.

Sin embargo, esta baremación se tendrá que repetir ahora en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El recurso de alzada presentado a la Junta por uno de los aspirantes no fue tenido en cuenta. Recurrió por eso a la vía judicial, donde ha obtenido una sentencia favorable que obliga a la administración a volver a baremar de nuevo los méritos de los aspirantes.

Es así porque el TSJEx considera, como reclamaba el aspirante, que la diferencia de valoración entre los servicios prestados en la Junta de Extremadura y los prestados en otras administraciones públicas es contraria a los principios de mérito, igualdad y capacidad contemplados en la Constitución, aplicables a los procesos de estabilización. «La baremación contenida en la convocatoria convierte un procedimiento de selección que debería ser abierto, en un procedimiento absolutamente restringido a los funcionarios interinos de la Junta de Extremadura», dice el tribunal.

Aclara que se produce esta situación porque por los servicios prestados en la administración de la Junta se podrían alcanzar hasta un máximo de 16 puntos, a razón de 0,089 por mes o fracción. Por los prestados en otros cuerpos o escalas adscritos a la administración de la Junta, hasta una puntuación máxima de 3,2 puntos, a razón de 0,018 por mes o fracción. Y por los realizados en otras administraciones públicas hasta una puntuación máxima de 1,6 puntos, a razón de 0,009 por mes o fracción.

Además a estos puntos se podrían sumar cuatro más como máximo por méritos académicos y otros, también como recuerda el TSJEx.

Con estos criterios de baremación, «agentes de empleo que hayan desarrollado su labor en un ayuntamiento solo pueden obtener 1,6 puntos por la experiencia, mientras que quienes hayan prestado servicios idénticos en la Junta, o en organismos autónomos como el Sexpe, alcanzarían en ese apartado hasta 16 puntos, con lo que la desproporción es más que evidente e impide a los primeros ser adjudicatarios de una de las plazas a concurso».

De hecho, recoge la sentencia, «estamos ante una desproporción de 1 a 10, que carece de cualquier justificación, como no sea la de que se pretende estabilizar plazas indebidamente fraudulentas, lo que no puede ser aceptado, pues se incumplen así los principios y el requisito de prohibición de convocatorias restringidas».

Porque el TSJEx recuerda en su fallo que, precisamente en las bases de la convocatoria, la Junta puso de manifiesto que las plazas a cubrir en el proceso de estabilización deben ser ofertadas dando cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad y, además, que «en ningún caso podrá restringirse la convocatoria a aquellos que estuvieran o hubieran estado ocupando previamente esas plazas, ni establecerse cualquier otro requisito que suponga una merma de la posibilidad de que otras personas puedan acceder a los procedimientos que se convoquen».

Por eso el TSJEx obliga a modificar la puntuación y volver a baremar a los aspirantes. Se trata por tanto de una categoría en la que la adjudicación de las plazas no se puede llevar a cabo ahora. La Junta responsabiliza al anterior gobierno de esta situación pero asegura que cumplirá con el fallo. «Desde la Junta de Extremadura se da solución al despropósito socialista y lo hacemos cumpliendo con lo dispuesto en la sentencia. Con una nueva baremación que será objeto de negociación con las organizaciones sindicales», indica la Consejería de Administración Pública.