Un trabajo de 467.000 euros, de los que 327.000 los ha puesto la Junta

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

En marzo del año 2015, cuando el TSJEx encargó a la Estación Biológica de Doñana el informe que aclarara qué hacer con Isla Valdecañas, ya dictaminó que era necesario hacer una provisión de fondos para pagar ese trabajo. Y puso una cifra: 467.247 euros.

En su auto, la Sala de lo contencioso-administrativo ordenó que el 70% de ese dinero lo pusiera la Junta, «como iniciadora del incidente y por ello, como principal obligada a demostrar los hechos que sustentan la petición de inejecución de sentencia». Las comunidades de propietarios tenían que aportar el 20% y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo el diez restante. Así, el Gobierno regional pagó 327.072, los consistorios, 93.449, y los dueños, 46.724.

El informe se encargó cinco meses después de que así lo pidieran todas las partes excepto la promotora. Los ayuntamientos propusieron a Juan Manuel Sánchez Guzmán, profesor de la UEx, y a Beatriz Soubriero Fernández, ingeniera agrónoma. La Junta se adhirió a esta sugerencia, pero para medir el impacto ambiental añadió tres empresas: Ureña Torrecillas Consultores, Ingex Estudio Técnico y Aristos Ingenieros Consultores. La comunidad de propietarios Norte hizo suya la petición del Gobierno regional, mientras que la comunidad Sur y la Centro querían que la pericial la hiciera el departamento de Investigación del centro de la UEx en Plasencia. Adenex puso sobre la mesa tres posibles peritos: la Estación Biológica de Doñana, WWF España y el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ecologistas en Acción-Coda propuso esa misma lista pero cambiando a WWF por el Museo Nacional de Ciencias Naturales.