El sector del transporte escolar defiende que no pueden obligarles a presentarse a las licitaciones
A pocos días de que empiece el curso, en Extremadura 242 rutas se han quedado desiertas y la Junta ha denunciado a un grupo de empresas por lo penal
Guerra abierta entre el sector del transporte y la Junta. Después de que la licitación de 242 rutas escolares haya quedado desierta porque las ... empresas no se han presentado al concurso y la denuncia presentada ante los juzgados contra ellas por supuestas coacciones e incumplimiento del acuerdo marco suscrito en 2024 que fijaba los precios de las rutas, los profesionales de este ámbito creen que la vía judicial no tiene recorrido en un proceso que los empresarios del sector explican a este diario.
Primero las empresas deben homologarse ante la Junta de Extremadura para poder optar al concurso de rutas de transporte escolar y eso supone acreditar solvencia económica y capacidad técnica y profesional. Tras ese trámite, las homologadas pasan a firmar el acuerdo marco en el que se incluyen las correspondientes condiciones que exige la Administración y los precios que pagará por ofrecer el servicio. A partir de ahí solo queda esperar a que salga la licitación.
«El acuerdo marco que firmamos en 2024 abre la puerta a las empresas de transporte a participar en las licitaciones, pero no nos obliga a acudir a esa licitación», explican los empresarios.
Hay que recordar que el acuerdo marco al que alude la Junta y en el que se firmó un incremento de los precios por ruta empezó a fraguarse en 2023 y se firmó en 2024. «De 2023 hasta ahora han cambiado muchas cosas. Han subido los precios de los autobuses, no hay conductores y no tenemos capacidad de firmar contratos que impliquen tanto tiempo, pues la licitación obliga a estar como mínimo dos años, más otros dos obligatorios para los transportistas y optativos para la Junta. Eso supone una obligación de cuatro y en ese tiempo no sabemos qué va a pasar», coinciden los transportistas.
Prefieren no identificarse y aseguran que «no son un grupo minoritario como indica la Junta», sino que «son en torno a 80 las empresas que no han acudido a las licitaciones de las rutas de transporte escolar».
Dicen que «el problema lo puede solucionar la Administración cuando quiera», y no se refieren al precio que pagan por las rutas, sino a «las condiciones que exigen», entre las que destacan algunas como «las prórrogas obligatorias del servicio o las duraciones de los contratos».
No ven bien que la Junta de Extremadura haya tomado la vía judicial y están dispuestos a hablar en estos días, antes de que se inicie el curso escolar.
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