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La sanidad privada gana terreno en Extremadura y suma ya más de 170.000 asegurados en la región, según el informe anual de ... la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la entidad que representa a los principales grupos de hospitales y clínicas del sector, además de a las compañías de seguros del país.
Desde 2019 el número de asegurados en esta comunidad autónoma ha pasado de 136.570 a 170.312, lo que supone un incremento de casi el 25% en un lustro. Desde entonces todos los años se ha registrado una subida que ronda el 4,5%.
Son datos que evidencian la crisis sanitaria que experimenta el sector público desde el inicio de la pandemia, una situación que puso el sistema al límite, con la saturación de centros de salud y hospitales que abocó a muchos extremeños a recurrir a lo privado.
Las listas de espera y la dificultad para concertar citas con el médico de familia y los especialistas también están tras las razones del imparable avance de la sanidad privada.
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«El tema de las listas de espera es preocupante. Tenemos un sistema sanitario que está agotado, pese a los esfuerzos que se hacen. En ese aspecto, hay que pedirle productividad al sistema nacional de salud», apunta Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS.
Y eso se nota no solo en determinados territorios, sino en todo el país. En 2024, el número de asegurados de salud en España superó los 12,6 millones, lo que supone un 1,6% más respecto al año anterior.
En Extremadura el incremento es evidente, pero también hay que matizar que en esas cifras se incluye a los funcionarios del Estado que trabajan en la comunidad y se decantan por esa opción a través de las mutuas: Muface (Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado), Mugeju (Mutualidad General Judicial) e Isfas (Fuerzas Armadas).
Por ese motivo también el aumento de asegurados que experimenta Extremadura (4,5% anual), con una gran masa de funcionarios, supera al de la media nacional, que es del 3,5%.
Aun así, la región extremeña sigue estando a la cola de los territorios que más recurren a la sanidad privada. Ese ranking lo lidera Madrid, donde un 37,50% de su población dispone de una seguro de salud, seguida de Cataluña (31,80%), y Baleares (30,80%), En los últimos puestos Navarrra (12,10%), Murcia (13,30%), Cantabria (14,40%), Castilla la Mancha (15,80%) y Extremadura con un 16, diez puntos porcentuales menos que la media nacional.
En cuanto al volumen de las primas que los extremeños pagan por sus seguros de salud, también ha aumentado. Pasan de los 105 millones de euros en 2019 a 144 en 2024.
Pese a ello, los datos indican que el gasto en esta cuestión sigue por debajo del denominado 'dinero de bolsillo', es decir, cuando el paciente paga directamente por una consulta privada. En el caso de Extremadura el sector logra 756 millones de euros. De ellos 137 provienen de seguros de salud y 619 de pacientes que abonan la visita al especialista sin contar con aseguradora.
La Administración extremeña también tira de la privada para intentar abarcar a todos sus pacientes, con pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas principalmente. De hecho, cada año destina más dinero a esa partida. Si en 2019 desembolsó 59 millones de euros a empresas sanitarias privadas, en 2024 la cantidad ascendió a 107 millones, según recoge el informe de la Fundación IDIS.
Eso quiere decir que la asistencia sanitaria con medios ajenos pagados por la Junta se ha duplicado en cinco años. El ejercicio en el que se registró un mayor incremento fue en el que estalló la pandemia, de 2019 a 2020, cuando pasó de 74 millones a 83.
La partida de conciertos para transporte obtiene el porcentaje más alto con mucha diferencia, pues representa el 50% seguido de la atención especializada y los programas especiales de hemodiálisis.
Pese a ese incremento, Extremadura no es de las regiones que más dinero destina a conciertos con la privada, pues se sitúa en el 4,7% del gasto público. A la cabeza se sitúan Cataluña (21,9%) y Madrid (11,8%). También regiones como Canarias, Navarra, Asturias, País Vasco y Murcia destinan una mayor proporción de los recursos públicos a los conciertos.
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