Elena Manzano Silva

Consejera de Hacienda y Administración Pública

«Sin la reforma de la Constitución no veo posible el concierto separatista catalán»

–¿Cómo afectaría a Extremadura el modelo singular catalán?

–Me resisto a decir cómo afecta a un territorio o a otro, porque creo que se parte de una premisa errónea. Esto no afecta de forma concreta a una comunidad u otra, sino que atenta contra el Estado. ¿Qué se está proponiendo con este concierto separatista? Que la hacienda estatal deje de percibir todos los ingresos y se cedan a un territorio. De un día para otro, sin consensuar con nadie y en una decisión bilateral de dos partidos políticos, pierde la disposición de medios para prestar competencias y sobre todo pierde la posibilidad de que a través de esos recursos cumpla con sus deberes constitucionales.

–¿Considera que lo más grave es el cambio de modelo?

–Absolutamente, lo que está en juego es el propio modelo de organización territorial. Hay unas competencias exclusivas del Estado, que requieren financiación; y además tiene que garantizar que las comunidades autónomas y las corporaciones locales dispongan de recursos suficientes para prestar sus competencias. El afectado es el propio Estado.

–Pero un concierto catalán implicaría menos recursos para repartir entre las comunidades autónomas. ¿Cómo podría afectar a Extremadura?

–Hemos examinado un documento de Fedea, que indica que la hacienda estatal pierde de 30.000 a 60.000 millones de euros, en caso de que Madrid y Baleares (que junto con Cataluña son las tres con aportación neta) también salieran del sistema. Y lo que pone encima de la mesa es lo que todos pensamos: las comunidades autónomas tienen derecho a percibir recursos suficientes, y el que tiene que asumirlo es el Estado. Y hay dos alternativas, subida de impuestos o bajar las pensiones. Nosotros nos ponemos en todos los escenarios, pero me niego a hacer cálculos concretos de un supuesto totalmente inconstitucional y que además no es nuevo. Siempre ha estado ahí la pugna entre regiones que demandan una mayor cesión de impuestos y comunidades que creen que debe haber una hacienda estatal fuerte. Es un verdadero atentado de un partido en connivencia con otro, que tienen que poner las cartas sobre la mesa y decir que tendemos a una reforma integral de la Constitución española. Porque sin esa reforma no veo posible la fórmula jurídica. Sé que no estoy respondiendo sobre una cantidad concreta, pero lo último que debemos hacer es cuantificar qué supone esto, porque parte del postulado de que se puede territorializar todo. Y para mí no. ¿Vamos a dar por válida la residencia en el IRPF con independencia del contribuyente y de las fuentes de renta? ¿Vamos a dar por válido el lugar de consumo en el IVA y los impuestos especiales? No voy a aceptar que demos un paso de gigante inconstitucional con una reglas que no están pensadas para ello.

–El Gobierno asegura que la cuota de solidaridad que se plantea en el nuevo sistema catalán garantizaría el mismo nivel de financiación para un ciudadano extremeño, ¿lo cree posible?

–No sabemos nada de esa cuota de solidaridad. ¿Quién va a pagar esto? Si Cataluña está demandando más recursos, al final el Estado los pondrá sobre la mesa y se los dará a un territorio. Y para asegurar que el resto no pierda el Estado tendrá que seguir perdiendo recursos. Algo no me cuadra. Sobre todo la bilateralidad. ¿Por qué vamos a establecer un régimen fiscal concreto? Equivocamos los términos, solidaridad no es suficiencia financiera. El Estado tiene que garantizar que cualquier comunidad autónoma tenga recursos suficientes para prestar todas las competencias asumidas, en condiciones de igualdad al resto del territorio nacional; y después viene la solidaridad, priorizando el gasto en las regiones que tienen una situación de partida más desfavorable. ¿Un territorio solidario con otro? El titular de los recursos es el Estado, que es el que tiene el deber. Esto no es caridad.

–¿Acudirá María Guardiola a la reunión convocada por Pedro Sánchez para hablar de financiación autonómica?

–Creo que las cosas de todos se debaten en un órgano en el que estén todos. Sin duda, se puede hablar. Siempre han existido relaciones de este modo, pero que no vincule a nadie lo adoptado entre dos partes. Esto es muy serio y es fundamental que se debata entre todos para otorgar legitimidad al acuerdo. Cualquier reforma del sistema de financiación autonómica ha partido del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese acuerdo no tiene valor jurídico, son recomendaciones, pero se ha plasmado siempre en la ley.

–Así que Guardiola asistirá, pero cree que la financiación debe abordarse en otro foro.

–Dada la singularidad de este tema, esto exige que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes y estén todos reunidos. A lo que te lleva la bilateralidad es lo que hemos visto con el concierto separatista.

–¿Qué le parece la propuesta de la ministra de Hacienda sobre un gran pacto entre PSOE y PP para la reforma del sistema de financiación?

–Pues es hacer algo que no se ha hecho nunca. Sería impensable establecer un sistema en el que no se oiga a aquellos que pueden ver cuáles son los recursos y los gastos que necesitan. Creo que no es una cuestión de partido, sino del nivel de gobierno que asume a día de hoy las principales competencias, y eso lo tienen las comunidades autónomas. Me parece un absoluto error pensar que esto es una cuestión de partidos. Esto es una cuestión de financiación territorial, y tienen que estar los territorios. Y el órgano de colaboración para tratar estos asuntos es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

–Pero si cada comunidad autónoma propone lo que considera conveniente, ¿no será imposible llegar a un acuerdo?

–Creo que no, porque se ha hecho todos estos años. Ha habido revisiones de los modelos cada cinco años, y ahora estamos con un modelo de 2009. La premisa inicial debe ser mayores recursos por parte del Estado. Si en 2009 puso en torno a 11.000 millones, ahora debe poner tantos como parece que quiere dirigir a un territorio en concreto. Ponemos eso, vamos a ver cuál es el coste de prestación de los servicios y vamos a llegar a entendimientos en un modelo en el que todas estemos representadas. Para nosotros, tomar como principal variable a la población, como se hace en el día de hoy, no nos representa. Tenemos un problema poblacional importante. Ahí llegará la negociación e intentar buscar consensos. Pero el Gobierno tiene que ser consciente de que la necesidad de revisar el modelo, de que hay un desequilibrio vertical increíble, que las que prestamos las principales competencias somos nosotras. Y que tiene que garantizar la suficiencia financiera. Hay que medir el coste de prestación de los servicios y tener en cuenta las singularidades de cada territorio.

–¿De dónde podrían proceder esos recursos, con impuestos a rentas más altas?

–No, creo que la presión fiscal en este país está situada en unos niveles que es imposible defender una subida de impuestos desde un punto de vista de igualdad y justicia tributaria. Los ingresos los tienen.

–¿Debería el Gobierno revisar su gasto a la baja?

–Por ejemplo, o ser muy eficaz. Y sobre todo redistribuir bien esos ingresos, que está obteniendo ratios de recaudación muy importantes con el IVA, con impuestos especiales, con los que ha creado… Pero el problema está en que quizá quiere destinarlos a algo que no va a beneficiar al conjunto de la nación, sino a una minoría concreta, a cambio de una investidura.