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Brígido Fernández

La ley que prohíbe los circos con animales continúa su tramitación en la Asamblea

La norma pretende conciliar la importancia social del ocio y su trascendencia económica con el derecho al descanso y la seguridad

EFe

Jueves, 17 de enero 2019, 10:57

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El proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura, que pretende conciliar la importancia social del ocio y su trascendencia económica con el derecho al descanso y la seguridad, ha superado hoy su debate de totalidad en la Asamblea para continuar con su trámite parlamentario.

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha sido la encargada de presentar esta norma que, según ha destacado, supone un «salto de calidad» en el proceso legislativo en materia de seguridad pública.

Según ha explicado, pretende conciliar la importancia social del ocio y su trascendencia económica con el respeto al derecho al descanso, la seguridad y la salubridad pública.

También recoge los derechos de consumidores y usuarios, el respecto al medio ambiente, la preservación del patrimonio histórico y cultural, y la protección de la infancia y la adolescencia, entre otros aspectos.

Busca terminar «con la dispersión jurídica existente y con todo atisbo de inseguridad jurídica», ha señalado la consejera, que ha destacado que en su elaboración se ha trabajado con colectivos de vecinos, contra el ruido y ayuntamientos, entre otros, en los últimos dos años.

En concreto, ha detallado, la ley prohíbe los espectáculos que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo o cualquier tipo de discriminación, así como aquellos que atenten contra la dignidad humana o fomenten graves desórdenes públicos.

Entre las prohibiciones también figura la instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, así como las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados, y la reventa de entradas.

García Bernal ha pedido el apoyo de los partidos con el enriquecimiento del texto, que nace con una «amplia vocación descentralizadora» hacia los ayuntamientos, a los que confiere potestades tanto en la intervención administrativa previa como en las facultades de inspección, control y carácter sancionador.

En concreto, el proyecto de ley contempla un régimen sancionador con multas de entre 50 ya 600.000 euros para las infracciones muy graves, como el exceso de aforo peligroso, y establece la creación del Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura.

Por el Grupo Popular, el diputado Saturino López Marroyo ha criticado la demora con la que se ha presentado esta norma y el escaso tiempo que habrá para su debate pese a que «es necesario que Extremadura cuente con una ley moderna, amplia y actualizada».

Ha abogado por llegar al consenso para contar con un marco legal «sencillo, claro y poco disperso» y ha coincidido con la consejera en que hay que compatibilizar el derecho al ocio con el descanso y otros derechos como la protección de la infancia y a la salud, consultando a los sectores implicados.

Por Podemos, el parlamentario José Luis Murillo, que en su intervención ha señalado que «lo mío es cuestión de meses», en alusión a su no continuidad tras las elecciones, ha indicado que se trata de una ley elaborada «a la carrera» que copia la normativa de otras CCAA sin mejorarla.

No obstante, ha aclarado que no obstaculizarán su trámite por ser necesaria, aunque ha pedido que se concrete qué son espectáculos públicos, a fin de apoyar a pymes, pequeño comercio y autónomos que organizan eventos «inocuos» en bares, cafeterías y comercios que, de este modo, se convierten «en espacios culturales improvisados».

Asimismo, ha solicitado que la descentralización hacia los ayuntamientos vaya acompañada de fondos.

El diputado socialista Juan Antonio González ha valorado que el proyecto de ley permitirá conocer las «reglas de juego» en un sector que va a tener un crecimiento «espectacular», ha resaltado su carácter municipalista, y ha invitado al resto de fuerzas políticas a trabajar para su aprobación. E

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