Los pisos tutelados deberán tener dos trabajadores por turno
La Junta aprueba el nuevo concurso para los menores que tienen que cumplir medidas judiciales con un presupuesto de 3,5 millones
Además de aprobar el concurso que regirá el servicio de ambulancias, el Consejo Extraordinario de Gobierno de este miércoles validó el del servicio para ... la atención a los menores que tienen que cumplir medidas judiciales. Un servicio cuestionado tras el asesinato de una educadora social, Belén Cortés, de 35 años, en Badajoz el pasado marzo. Sucedió en una vivienda tutelada de la Junta de Extremadura.
«Nos encontrábamos trabajando en la elaboración de un nuevo pliego que mejorara lo encontrado a nuestra llegada» cuando «sucedió el fatídico hecho (el asesinato de Belén Cortés)», expuso García Espada. Se detuvieron a tres chicos por esta muerte violenta.
La consejera de Salud expresó que con el nuevo pliego «se da respuesta al compromiso adquirido con los colegios y asociaciones de profesionales del ámbito social», licitando un nuevo contrato que «contribuirá a garantizar las condiciones de seguridad y calidad en su trabajo».
Para este servicio, la Consejería de Salud y Servicios Sociales saca una licitación con un presupuesto de 3,5 millones frente a los 1,8 actuales. Conlleva un aumento de profesionales (no mencionó exactamente cuántos) y que en cada turno de trabajo al menos estén dos durante los siete días de la semana.
Reseñó específicamente que se introduce una nueva categoría profesional, con un perfil relacionado con el control, la seguridad y la contención, «la de auxiliar de control educativo», que se suma a los actuales psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y auxiliares técnicos educativos.
Con botón del pánico
Al mismo tiempo, García Espada indicó que será obligatorio disponer de un sistema de alarma, tipo «botón del pánico» que garantice una respuesta rápida ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores o de los trabajadores.
También señaló que se contará con un protocolo especifico de actuación ante situaciones de violencia; y de una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, «que deberá utilizarse tanto durante el proyecto educativo como en el informe final de cada residente».
En España, a partir de los 14 años, se considera que una persona es penalmente responsable. Hasta los 18 años se ocupa la Fiscalía de Menores del proceso y además las penas se adaptan, primando la imposición de medidas educativas o trabajos en beneficio de la comunidad. Solo en los casos más graves se recomienda el internamiento en régimen cerrado.
La Ley de Responsabilidad Penal del Menor establece condenas de hasta ocho años de internamiento en un centro cerrado y otros cinco años de libertad vigilada para los delitos más graves, como el homicidio o el asesinato.
La pena comenzaría a cumplirse en un centro de menores, que en Badajoz suele ser en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi.
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