Los perceptores de renta básica cobrarán un 35% más el año que viene

Hasta ayer mismo se han venido celebrando reuniones con los grupos de la oposición, tanto presenciales como telemáticas, juntos o por separado, e incluso con algún consejero para tratar cuestiones específicas.

El diálogo se ha mantenido dentro de las líneas marcadas por el Gobierno regional. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, insiste en su intención de llegar a un acuerdo lo más amplio posible para tratar de ofrecer a los extremeños unas cuentas consensuadas para un año que se presenta difícil. Pero no hay que olvidar que el PSOE disfruta de mayoría absoluta en el Parlamento regional, por lo que la oposición no puede aspirar a imponer sus peticiones.

En ese marco, la Consejería de Hacienda y Administración Publica, que además tiene el respaldo de ocupar la Vicepresidencia primera de la Junta, ha llevado el peso de las conversaciones. Su equipo ha recibido y analizado todas las propuestas de la oposición. En las últimas semanas se han ido produciendo acercamientos en algunas cuestiones, como la universalización de los comedores escolares que piden Ciudadanos y Unidas por Extremadura, y negativas en otras, caso de la rebaja del IRPF que reclaman PP y Ciudadanos.

Hay que entender que, como cualquier negociación, hay propuestas y contrapropuestas, cesiones con las que se espera llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero las cuentas no se votarán hasta finales de año, de modo que aún hay tiempo para el diálogo.

Además, el propio Estatuto de Autonomía establece que el proyecto de cuentas debe registrarse en la Asamblea antes del 15 de octubre. Esa fecha se cumple hoy, aunque no hay problema en retrasarlo unos días. Pero ir más allá podría llevar a retrasar la entrada en vigor de las cuentas más allá del 1 de enero, lo que complicaría el sistema de gestión de los Presupuestos al generar de forma automática una prórroga de los actuales.

En este escenario se llega a la siguiente fase de la negociación. El Gobierno regional presentará su proyecto de Presupuestos con algunas de las medidas que pide la oposición con el objetivo de lograr su respaldo, a lo que se suman sus propias iniciativas destinadas a paliar la crisis económica que se avecina, sobre todo a los más vulnerables.

Dentro de las medidas que plantea el Ejecutivo autonómico se encuentra un aumento de la cuantía que se abona por la renta extremeña garantizada, la ayuda destinada a asegurar una vida digna a personas y unidades familiares en riesgo de exclusión social, y que se plantea como un complemento sobre los ingresos que se reciben hasta llegar a una cantidad mínima.

La Junta plantea aumentar un 35% la ayuda, que actualmente se corresponde con el 100% del IPREM (579 euros al mes) para unidades familiares de un solo miembro y que puede llegar al 160% en función del número de integrantes. La subida propuesta supondría partir de un mínimo de 781 euros.

Junto a esto, el Gobierno regional también propone aumentar más de un 40% las ayudas de suministros mínimos vitales, destinadas a financiar el pago de la luz, el agua y el gas a familias vulnerables. Actualmente estas subvenciones están gestionadas por los ayuntamientos, que reciben una transferencia de la Junta para abonar las solicitudes que se presenten en sus municipios.

Según la resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que regula este programa, en 2022 la cuantía de esta ayuda es de 750 euros para familias hasta dos miembros, 850 euros entre tres y cuatro integrantes y 950 euros si son cinco o más. La subida que plantea la Junta implicaría elevar la ayuda mínima por encima de 1.000 euros.

En cuanto a las propuestas presentadas por la oposición, el Gobierno regional se ha mostrado a favor de la universalización de los comedores escolares y los libros de texto, como piden Ciudadanos y Unidas por Extremadura, pero ha pedido un plazo de dos años para conseguir ese objetivo.

Para ello, en las cuentas del próximo año prevé destinar más de 10 millones de euros a la compra de libros de texto, un incremento importante respecto a los 7 millones que se vienen dedicando en los últimos ejercicios. Con ello se paliaría además el efecto de la aplicación de los nuevos currículos implantados con la nueva ley educativa, lo que obliga a renovar los bancos de material de que disponen los colegios e institutos de la región.

Junto a esto, el Gobierno regional pretende incidir en la mejora de la prestación de los servicios de aula matinal y comedor con una reducción del precio público al 50%, tal como se plantea en la propuesta de reducción de tasas para el próximo año.

Para el Ejecutivo autonómico estas y otras iniciativas contribuyen a afrontar la crisis económica y energética y caminan además en la línea de lo que pide la oposición. Pero también trabaja en otras normas al margen de los Presupuestos, como la Ley de medidas de mejora de los tiempos de respuesta, que está en fase de tramitación y que contendrá nuevas medidas de apoyo al sector empresarial.