Nueve ciudadanos decidirán en mayo si a Manuela Chavero la mataron o fue un accidente

Su relación con esa muerte parece fuera de toda duda, pero no la forma en la que se produjeron los hechos. En su descargo dijo a los agentes que ella se tropezó accidentalmente, cayó al suelo y eso le provocó las lesiones que le causaron la muerte.

Pero el Ministerio Fiscal y las otras tres acusaciones sostienen que fue él quien le quitó la vida después de agredir sexualmente a esta mujer de 44 años a la que conocía porque los dos vivían en la misma calle de Monesterio (Badajoz).

El sentido del veredicto está en manos de nueve ciudadanos (más dos suplentes) sin conocimientos jurídicos. Todos son españoles, mayores de edad, residentes en la provincia de Badajoz, deben saber leer y escribir y no estar afectados por una discapacidad física o psíquica que impida el desempeño de la función de jurado. Pero sus nombres no se conocerán hasta que el próximo 13 de mayo se realice un sorteo entre los 25 candidatos que ya han sido preseleccionados en un sorteo previo.

Lo que sí se conoce son los supuestos hechos que deberán valorar, puesto que están recogidos en los escritos de calificación realizados por los letrados que asumen la defensa y las acusaciones. Para la Fiscalía, es claro que el acusado entró en el domicilio de la víctima con la excusa de devolverle la cuna que ella le había prestado para que la utilizaran unos amigos que se habían alojado en la casa de Eugenio. Y que una vez allí, sin contar con el consentimiento de Manuela, la obligó a mantener relaciones sexuales y le causó la muerte para no ser descubierto.

Estos hechos son considerados por el Ministerio Fiscal un delito de asesinato en el que deben apreciarse dos agravantes: la de alevosía y la de ocultación del cadáver para evitar que se descubriera el delito, todo ello en relación con un delito contra la libertad sexual. El fiscal pide que el autor sea condenado a prisión permanente revisable –para ello es necesario que se pruebe la agresión sexual– y que se le impongan una orden de alejamiento de diez años con la familia del fallecido y diez años de libertad vigilada si en algún momento sale de prisión. También que abone una responsabilidad civil de 161.400 euros a cada uno de los dos hijos de la fallecida, 72.130 euros al padre, otros tantos a la madre, y 23.100 a cada uno de los cuatro hermanos de Manuela Chavero.

Distinta es la calificación que realiza Fernando Fontán, el letrado que representa a la expareja de Manuela Chavero y a los dos hijos que tenían en común. En su caso, observa un delito de detención ilegal (20 años de prisión y 30 de alejamiento), un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ocultación del cuerpo (prisión permanente revisable) y tres delitos de lesiones psíquicas por los daños psicológicos causados a los hijos de Manuela y a su expareja.

Fernando Fontán argumenta que los dos pequeños «vivían con una angustia infinita por el total desconocimiento de lo sucedido a su madre», a lo que se añade que tanto el padre de los pequeños como su pareja fueron investigados por esa muerte. «Todas estas circunstancias eran conocidas perfectamente por Eugenio, que continuaba produciendo dolor durante los años que transcurrieron hasta su detención».

Por esta razón pide que sea condenado a 3 años de prisión por cada uno de los delitos de lesiones psíquicas o, como alternativa, a 6 años por tres delitos contra la integridad moral. Fontán también eleva la indemnización: 500.000 euros para la hija, 450.000 para el hijo y 150.000 para el exmarido.

Las mismas penas solicita el abogado que representa a los padres de Manuela Chavero y a su hermana Emilia, que solicita 74.803 euros para el padre de la fallecida y 91.998 para la madre. En cuanto a la hermana, reclama 107.723 euros.

Existe una última acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, una organización de ámbito nacional que nació para defender los derechos de las mujeres. La principal diferencia con el resto de acusaciones es que pide que se aprecie la circunstancia de agravante de género.

Frente a todos ellos se sitúa el letrado de la defensa, José Antonio Carrasco, quien pide la libre absolución tras exponer que Eugenio Delgado acudió al domicilio de Manuela Chavero de forma espontánea para devolverle una cuna que meses antes le había prestado para que la usaran unos amigos de Eugenio.

Dice el abogado que unos días antes Manuela le había requerido la devolución, razón por la que acompañó a Eugenio a la casa de este, siendo en el transcurso de esa operación, mientras Manuela caminaba hacia atrás cargando la cuna, cuando cayó de espaldas y sufrió un accidente al golpearse con el suelo y quedar inconsciente. «Teniendo en cuenta la situación creada, la hora en la que sucedió y la edad de Eugenio Delgado (23 años), entra en bloqueo mental y físico, no reacciona y deja pasar el tiempo hasta comprobar que ha fallecido, no adoptando otra opción que conducir el cuerpo hasta su finca y darle sepultura».

Apunta el abogado que no existió violencia porque ningún vecino escuchó gritos o ruidos pese a que había viviendas próximas y en esa época del año las ventanas suelen estar abiertas.

Como elementos a tener en cuenta, este abogado pone en valor que cuando Eugenio fue detenido indicó a los agentes dónde estaba el cuerpo, «una declaración sin la cual no se hubiese recuperado». A ello añade que el 16 de abril de 2021 vendió una finca de su propiedad para cancelar lo que le quedaba de hipoteca y consignar en el juzgado el resto del dinero, un total 75.000 euros que ha puesto a disposición de la familia de Manuela Chavero.