Más de la mitad de los incendios de una «campaña muy dura» en Extremadura han sido intencionados

Según datos aportados este jueves por la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, el 35% restante fueron llamas provocadas por negligencias y solo el otro 5%, por rayos.

En total se han quemado 10.961 hectáreas de la región, la mayor cifra calcinada desde 2015, cuando los fuegos arrasaron 12.719 hectáreas.

Este verano los fuegos más graves se han registrado en la provincia de Cáceres. 7.000 del total de hectáreas calcinadas fueron devoradas en solo tres incendios. Se trata de los iniciados en Ladrillar (Hurdes), Casas de Miravete (en el área de influencia de Monfragüe) y en Santibáñez el Alto (Sierra de Gata).

Las situaciones más graves de esta campaña se concentraron en julio. «En tan solo ocho días se ha vivido el mayor episodio de virulencia y peores efectos desde el año 2003» en Extremadura, ha insistido la consejera, en referencia a los focos de Ladrillar (11 de julio) y Casas de Miravete (14 de julio), que se llevaron por delante 3.391 hectáreas y 2.755 hectáreas, respectivamente (400 dentro del Parque Nacional de Monfragüe). A ellos se une el fuero declarado el 10 de agosto en Santibáñez el Alto, que ha afectado a 1.010 hectáreas y obligó a evacuar a la población de Torre de Don Miguel.

«Solo en ocho días de julio se realizaron 750 horas de vuelo para sofocar esos incendios, cuando la media en todo el período de peligro alto son mil horas», lo que da una idea de la «dureza» de esta campaña, ha insistido García Bernal, que ha señalado que en esos ocho días de julio se declararon siete incendios de nivel 1 de peligrosidad y dos de nivel 2 en un total de 24 incendios en apenas una semana de julio.

Para dar cuenta de la magnitud de esos incendios hay que recordar que el de Ladrillar se dio por extinguido el 21 de agosto (activo desde el 11 de julio), el de Casas de Miravete el 14 de agosto (activo desde el 14 de julio) y el «incendio intencionado» de Santibáñez el Alto se declaró extinguido el 3 de septiembre, tres semanas después de su inicio.

Los datos los ha ofrecido este jueves la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en la Asamblea, donde ha informado a petición propia para hacer balance hast 30 de septiembre.

García Bernal ha recordado que la Época de Peligro Alto de Incendios en Extremadura se declaró el 23 de mayo, diez días antes de los habitual, debido a las elevadas temperaturas y un año hidrológico deficitario en lluvias, que hacían que hubiera mucho pasto y «combustible dispuesto a arder» por ese «escenario enormemente negativo».

En cualquier caso, ha destacado que ha sido «el verano de la solidaridad», recordando la coordinación «por primera vez» de un solo mando para incendios registrados en las provincias de Salamanca y Cáceres, la colaboración de la UME, y la labor profesional de todas las instituciones, vecinos y los 852 efectivos del Infoex, con su coordinador Juan Carlos Gómez a la cabeza, que ha afrontado su última campaña de peligro alto dado que se jubilará próximamente, «al que esta tierra le debe mucho y yo no sabe cuánto, no sé si algún día podré explicarle lo que ha supuesto para mí trabajar con el», porque «sois todos unos héroes, los mejores», ha recalcado García Bernal.

«Ha sido una campaña muy dura, y sabemos que los próximos años también lo serán, por lo que debemos estar preparados para ello», ha subrayado.

Sin embargo, desde las filas del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Mercedes Morán ha criticado que la consejera no se haya referido a la época de peligro bajo de incendios, y concretamente al «despropósito que ha generado la orden para la quema de restos de poda», una cuestión que «ahora prácticamente necesita un estudio de impacto medioambiental, generando más gastos a los agricultores».

Respecto a la campaña de peligro alto de incendios, Morán ha calificado la gestión del Gobierno extremeño como «desastrosa, la peor en veinte años, con refuerzos que llegaron tarde, desorganización, falta de previsión en los relevos y falta de avituallamiento», y ha destacado la labor y la responsabilidad de los profesionales, «a pesar de la falta de medios, de ser pocos y no tener mejoras en sus condiciones laborales». Morán ha pedido a la consejera que «escuche a los trabajadores y mejore sus condiciones, porque ya es hora», y ha calificado como «inmovilista» la política forestal de la Junta.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha criticado la falta de «ayudas directas» por parte de la Junta y la «excesiva burocracia» por su parte, porque «ustedes lo han prohibido todo, para cortar una ramita hay que pedir cuarenta mil permisos, y eso hace que nadie se preocupe de los montes». Además, ha denunciado que en los últimos siete años «sólo se han limpiado algo más de 400 hectáreas en el parque nacional de Monfragüe, que tiene 15.000 hectáreas, por lo que es un milagro que solo se hayan quemado 398». A este respecto, ha abogado por la utilización de la biomasa para prevenir incendios.

A este respecto, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha indicado que «lo que ha sucedido este verano nos tiene que servir para sacar reflexiones y estar mejor preparados para el futuro», mientras ha reclamado «una nueva política forestal que haga que los montes estén vivos y los pobladores rurales se impliquen». Además, ha señalado que los trabajadores «no estaban preparados en el momento de la declaración de peligro alto el 23 de mayo, ya que los trabajadores de refuerzo se incorporaron el 16 de junio», y ha reclamado «una categoría forestal que haga justicia a los bomberos forestales» y medidas para afrontar incendios en plantas termosolares.

Sin embargo, para el PSOE extremeño, Extremadura «es un ejemplo» en materia de política forestal, con una «labor encomiable, donde se han invertido casi 200 millones de euros en política forestal, por lo que no se puede dudar de ese compromiso», ha reiterado el diputado Eduardo Béjar Martín.