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JOSÉ TOMÁS PALACÍN
Badajoz
Lunes, 7 de noviembre 2022
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La orden sobre la quema de restos de poda en época baja de incendios, que entró en vigor el pasado 16 de octubre, no ha contentado a las organizaciones agrarias profesionales. Y menos lo han hecho las medidas provisionales que ha llevado a cabo la Junta de Extremadura al respecto. Y es que los requisitos para llevar a cabo esta labor tradicional de quema de rastrojos son, a ojos de Apag Extremadura Asaja y UPA-UCE Extremadura, excesivos. Y los cambios que se han hecho desde entonces para flexibilizarlos, «insuficientes».
En primer lugar, Apag Extremadura Asaja ya ha avisado que se concentrará el próximo viernes en Mérida a las once de la mañana, frente a la sede de Presidencia de la Junta para protestar contra de las «prohibiciones impuestas» al sector agrícola. Esta manifestación se ha organizado tras no haber obtenido respuestas de la Junta a sus «propuestas de mejora».
Según Juan Metidieri, presidente de Apag Asaja, son restricciones que «no vienen impuestas ni por Europa ni por parte del Gobierno central, sino que son prohibiciones, sin sentido común, que llegan desde el gobierno autonómico que preside Guillermo Fernández Vara».
Entre esas propuestas que hicieron, solicitaban solicitaba permiso para la quema de restos en las viñas o quema controlada de rastrojos. También que no fuera obligatorio el informe de un técnico, entre otras cuestiones, para los restos de poda del olivar, encina, fruta de pepita, fruta de hueso, hortícolas y tomates. O que no se impidiera realizar los trabajos de cosecha en terreno forestal durante todo el día en peligro muy alto y extremo de incendios.
«La resolución extremeña es la más restrictiva de España«, considera Metidieri, que la compara con la resolución de Castilla-La Mancha que, comparada con la orden de Extremadura, es »más permisiva«.
En segundo lugar, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, explica que esta ley nacional se ha aprobado sin hablar con las organizaciones ni las cooperativas. «Ni reuniones específicas dada la importancia de este tema, pues son miles de hectáreas afectadas».
Para él, la ley un genera problema importante en todo el campo. La quema de restos de poda y residuos es un procedimiento habitual en toda España, también en Extremadura y es una práctica que ayuda a la reducción de la utilización de productos fitosanitarios, es bueno para el medioambiente, aunque también genere emisiones de CO2. Y ayuda a evitar incendios porque aparta restos de madera y otros tipos de combustibles.
«La ley se tiene que cambiar, y pedimos que todo vuelva a ser como antes de la orden. Los partidos políticos, tenemos entendido, han coincidido en una enmienda para que se saquen los residuos de las quemas. Aun así, queremos volver a la situación anterior», indica.
Cabe recordar que la orden extremeña tiene carácter temporal hasta que entre en vigor la nueva PAC el próximo 1 de enero. Y de ahí viene la queja de la organización agraria: la Consejería de Agricultura y la de Transición Ecológica están regulando, y a UPA-UCE le parece «excesivamente restrictiva», pero el problema está a nivel nacional.
«Nos meten mucha más carga burocrática, es menos sencillo, no tenemos medios para llevar a cabo las nuevas formas de quema de poda y rastrojos, no tenemos picadoras o plantas de biomasa. ¿Dónde están todas estas herramientas? Y, con el tiempo que nos queda hasta enero, es económicamente inviable».
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