El juzgado pide una prórroga para concluir la causa de los cursos de formación

La solicitud de la prórroga ha sido comunicada a las partes en un auto fechado el pasado 5 de julio y supone un paso más en la instrucción de un procedimiento en el que trabajan desde 2015 la Fiscalía Anticorrupción y los fiscales especializados en delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Badajoz.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado que a partir de ahora la fecha límite para concluir la instrucción está fijada en el día 29 de enero de 2022, por lo que ese es el plazo que se maneja como límite para que la Fiscalía presente acusación o solicite un auto de archivo y sobreseimiento.

Tanto en el juzgado de Mérida como en el de Badajoz se está pendiente de un informe que ha sido encargado a la Intervención General de la Junta de Extremadura, cuyos técnicos actuarán como peritos judiciales y no como peritos de parte después de que la Junta de Extremadura, que en un primer momento se personó como perjudicada, haya decidido retirarse de este proceso.

La salida de la Junta de Extremadura supondrá que la administración regional no presente acusación, pero eso no significa que el delito no se siga investigando puesto que el Ministerio Fiscal está decidido a llegar hasta el final del proceso.

Pero aún es pronto para saber si finalmente habrá acusación en las cinco piezas abiertas. Dependerá de los posibles delitos que detecte la Fiscalía y del importe de las cantidades defraudadas puesto que el Código Penal que estaba en vigor en aquel momento consideraba que existe delito cuando la suma defraudada supera los 120.000 euros.

El tipo penal aplicable figura en el artículo 308 del Código Penal, donde se indica que quien obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a 120.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con una pena de prisión de uno a cinco años y multa de tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro. El mismo castigo se contempla para quienes cometan este tipo de hechos en el desarrollo de una actividad sufragada con fondos públicos.

Pero además de las penas de prisión, se impondrá al responsable del delito la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años, por lo que las consecuencias del procedimiento serán importantes si finalmente hay condena.

La primera de las piezas referidas a esta causa se instruye en Mérida y en ella figuran como investigados Comisiones Obreras y Forem Extremadura, además de seis personas físicas. Se trata de Encarna Chacón, secretaria de Organización del sindicato en el marco de los hechos investigados; Miguel Coque Durán, exsecretario de Formación y Empleo de CC OO Extremadura; Jaime Javier Feronella de Miera, como responsable de Forem Extremadura; María del Carmen Muelas, del sindicato en la región; Rocío Ballester y José María Fernández Errazkin, responsable de empresas vinculadas a cursos de formación.

Las otras cuatro se instruyen en el Juzgado de Instrucción 1 de Badajoz, que ya ha tomado declaración a todos los investigados y ahora está pendiente de la pericial solicitada a la Junta de Extremadura para conocer el valor del presunto fraude.

En la primera de las piezas que se instruyen en Badajoz figuran como investigados UGT, Ifes Extremadura y seis personas físicas. Se trata de Francisco Capilla, secretario general del sindicato en la región en los años bajo investigación; Lorenza Mansilla, exsecretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura; Jacinto Cerezo, exsecretario de Administración; Rosa María García Vidal, técnica de formación; Teodoro Casares, como delegado territorial de Ifes-Extremadura;y María Jesús Ocaña Clemente, administradora de empresas como Localmur (ya extinguida) y Formación 2020, ambas vinculadas al sindicato y a Ifes, a través de las cuales se ofrecían los cursos.

En la segunda están Creex y Coeba, así como Emilio Doncel Rodríguez, presidente de Coeba hasta fechas recientes; Nuria Lavado, del área de formación; Fernando Herrera, expresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y exdirigente de Coeba; y Juan Manuel Arribas, exsecretario general de la Creex. También formó parte de este procedimiento como investigado Antonio Masa Godoy, expresidente de la Creex y de Coeba, pero el juzgado dictó un auto de sobreseimiento provisional respecto a su labor por motivos de salud.

En la tercera pieza figuran Creex, la Federación Empresarial Cacereña, Fomento y Empresa de Calidad y las personas físicas José Manuel González Calzada, que era presidente de la entidad; Pedro Rosado, secretario general; Ana María Sánchez, vicesecretaria general; y María Rosario García Solán, del Departamento de Formación.

En la cuarta están Creex y la Federación Empresarial Placentina, además de Pedro Castro Domínguez, que era presidente de la entidad; Francisco Sánchez Guijo, secretario general; y Luis María Corvo, del Departamento de Formación. A ellos se unen Ana María Azucena Martín y José Jarones Santos, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres.

En los juzgados que llevan la causa se espera que el informe de la Intervención General de la Junta llegue pronto, por lo que confían en poder valorar el importe del supuesto fraude en los próximos meses y cabe la posibilidad de que algunas de las causas puedan calificarse (o archivarse si no se aprecia delito) antes de terminar este año.

La investigación más voluminosa es la que se sigue en Badajoz, que de los 90 folios que componían la denuncia inicial presentada por la Fiscalía ha pasado a contar con 50.000 folios, una ingente base documental que contiene información contable, facturas, nóminas y declaraciones tributarias referidas a los cursos investigados.

El trabajo inicial fue realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que realizó un muestreo al contactar con alumnos, profesores y empleados que habían participado en la organización y el desarrollo de más de 300 cursos ofrecidos a personas ocupadas.

El objetivo era saber si los alumnos habían participado en los cursos, si los profesores los habían impartido y si los materiales entregados se correspondían con las facturas utilizadas por las organizaciones sindicales y empresariales para justificar las subvenciones. Igualmente se analizó si el pago a los profesores se había hecho de forma correcta. Para ello se cruzaron sus nóminas con lo declarado a Hacienda.

Tras esa «cata» inicial, la Fiscalía determinó cuáles eran los cursos en los que se habían producido presuntas irregularidades y encargó una auditoría completa que obligó a contactar con más de 10.000 alumnos y cientos de profesores.

Ese trabajo fue realizado por la Guardia Civil y permitió localizar a testigos relevantes en la causa que fueron llamados por los juzgados instructores para testificar.

Al mismo tiempo fueron citados a declarar como investigadores los responsables de las organizaciones y los trabajadores que podrían haber tenido relación con los hechos investigados. En total, 24 personas que figuran como investigados en esta causa.

Sus nombres ya han trascendido pero fuentes judiciales explican que el hecho de que estén investigados no quiere decir que finalmente sean acusados. «Primero hay que determinar si existe el delito y después hay que ver quiénes son los responsables. El hecho de que hayan declarado como investigados con abogado y procurador es una garantía para ellos».

Desde que la primera denuncia por fraude fuese presentada por el gobierno de José Antonio Monago cuando era presidente de Extremadura han transcurrido seis años, pero es ahora cuando la causa entra en su recta final. Pronto se sabrá si los indicios iniciales se transforman en una acusación formal que termine con los imputados en el banquillo.