La Junta volverá a prolongar el contrato a 193 funcionarios interinos

El Ejecutivo autonómico aprobó en mayo una norma destinada a facilitar los trámites en gestión urbanística y aumentar la oferta de vivienda, con medidas como la transformación del suelo comercial sobrante en espacio residencial. Para ello, recurrió a un decreto-ley, un instrumento legal que permite su aplicación inmediata, sin tener que pasar por el largo trámite de elaboración de una ley. Pero para que tenga plena efectividad debe ser convalidado en la Asamblea de Extremadura.

Sin embargo, el pasado jueves este texto no recibió el apoyo necesario en el Parlamento regional. Sólo el PP votó a favor, mientras que Vox se abstuvo y PSOE y Unidas por Extremadura se mostraron en contra. Los grupos de la oposición criticaron las medidas en materia de urbanismo y la falta de diálogo previo del Gobierno regional.

Con esa decisión, la norma decayó y ya no es de aplicación, una decisión que también tiene efectos en otros ámbitos. Además de las destinadas a agilizar la gestión urbanística y el mercado de la vivienda, el decreto-ley contenía tres modificaciones concretas en la Ley de Función Pública. Pero como formaban parte del mismo texto, también han dejado de estar en vigor.

El Ejecutivo autonómico defiende que estas tres medidas puntuales son necesarias y urge su aprobación, por lo que prevé volver a aprobarlas en el Consejo de Gobierno de este martes, según confirma la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

La primera de ellas es la ampliación de la contratación de empleados públicos en programas de carácter temporal, que de esa forma pasan de una duración máxima de tres años a doce meses más, llegando hasta los cuatro años. Como explica Hacienda, afecta a 193 personas que podrán mantener su trabajo un año más.

Estos trabajadores públicos han creado una plataforma para solicitar la prolongación de sus contratos. El pasado jueves varios representantes de este colectivo asistieron al pleno en el que se rechazó la convalidación del decreto-ley. En esa sesión recibieron el compromiso del Gobierno regional de que se buscaría una solución para mantener su empleo.

Los trabajadores están repartidos en distintas consejerías y órganos de la Junta, como Economía, Agricultura y Hacienda. Buena parte se encuentra en el Sexpe, tramitando distintas líneas de ayudas. Estos programas están financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Su duración se extiende más allá de tres años, por lo que se requiere prolongar los nombramientos del personal interino para asegurar su correcto desarrollo. De lo contrario, habría que incorporar y formar a nuevos empleados, lo que podría complicar cumplir con los objetivos propuestos.

La segunda modificación de la Ley de Función Pública consiste en que los funcionarios interinos tengan derecho a los asuntos propios, un permiso no retribuido que tiene una duración mínima de diez días y un máximo de tres meses en un plazo de dos años para atender determinadas necesidades. No se deben confundir con los asuntos particulares, que consisten en días sueltos. Suelen emplearse para el cuidado de familiares o situaciones sobrevenidas en lugar de solicitar otro tipo de excedencias.

En este caso, la Comisión Europea ha solicitado esta modificación porque considera que se trata de un trato discriminatorio en el sector público para los trabajadores con un contrato de duración determinada.

El tercer cambio en la norma autonómica afecta a los empleados públicos que quieren prolongar su labor profesional cuando llega la jubilación. Para ello, deben superar un examen de salud que permita corroborar que pueden seguir desempeñando su puesto. Pero esto no se aplicaba en las renovaciones anuales. A petición del servicio de prevención, se ha modificado este precepto para que se haga también en esos casos para garantizar la capacidad funcional.