La Junta simplificará los trámites de las viviendas protegidas

La Consejería de Infraestructuras trabaja en la modificación de distintas normas que regulan la vivienda protegida en Extremadura, de las que la más importante es un decreto del año 2013 que aún se mantiene en su mayor parte en vigor.

El principal cambio que se plantea es fijar el plazo general de protección en veinte años, lo que evitará diferencias entre viviendas en función de los distintos planes a los que se acogieron. Entre otras cosas, este periodo determina el tiempo durante el cual la venta está limitada por un precio máximo.

Según explica Infraestructuras, veinte años es el plazo actualmente vigente para las viviendas de nueva construcción, pero anteriormente el plazo estaba fijado en treinta e incluso cincuenta años, según las diferentes normativas.

«Esto produce la paradoja de que viviendas mucho más antiguas que otras mantengan la protección por estos plazos, que consideramos excesivamente largos», añade. Por ejemplo, una vivienda construida en 1978 mantiene aún la protección, mientras que una del año 2005 ya la habría perdido.

La consejería señala que unos plazos tan prolongados de protección suelen generar confusión entre los usuarios. Además, los propietarios se ven obligados a solicitar a la Junta el informe sobre el precio máximo de venta, así como a presentar comunicación de enajenación de la vivienda en muchos casos en que no sería necesario. Como indica, la Junta nunca ha ejercido los derechos de tanteo y retracto, que le permiten quedarse con esas viviendas en caso de que salgan a la venta. Sólo el pasado año se comunicaron 911 operaciones por particulares.

Para incidir en esa línea, la modificación que prepara la Consejería de Infraestructuras también reducirá la documentación que se debe presentar cuando se comunica a la Administración regional la intención de vender una vivienda protegida para que pueda recurrir al derecho de tanteo. Del mismo modo, se eliminan requisitos en la solicitud de obtención de informe sobre precio máximo de venta.

Para compensar la unificación del plazo de protección, la Junta eliminará la posibilidad de descalificación voluntaria «con el fin de mantener la presencia de las viviendas protegidas más recientes» en el mercado.

Junto a esto, la nueva regulación clarifica la documentación a presentar para trámites como la calificación de vivienda protegida, establece como obligatoria la tramitación electrónica y simplifica la fórmula para fijar los precios máximos de venta.