La Junta simplifica trámites urbanísticos y la regulación de la vivienda protegida

Esta norma, que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de Extremadura, recoge varios cambios en la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible, Lotus.

En principio, la intención de la Consejería de Infraestructuras era aprobar estas modificaciones mediante una disposición añadida a la Ley de cohesión territorial, que está en fase de elaboración. Para eso, en el periodo de exposición pública se incorporó una alegación presentada por la Secretaría General de Vivienda, como recogió HOY. Pero finalmente se ha optado por aprobar un decreto-ley para que, como permiten este tipo de normas, las medidas se puedan aplicar de forma inmediata.

Según ha explicado el consejero Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, la intención del Gobierno original es simplificar la tramitación urbanística de los municipios para favorecer el desarrollo del suelo y el acceso a la vivienda, especialmente en pequeñas localidades.

Martín Castizo ha señalado que esta norma «tiene como finalidad agilizar las tramitaciones urbanísticas para facilitar la promoción de vivienda protegida, porque no podemos seguir aceptando que el urbanismo sea un freno de crecimiento y desarrollo de nuestros municipios».

Para ello, se simplifican los trámites de aprobación del planeamiento municipal y se reduce el plazo de información pública para la modificación de planes generales. Asimismo, se elimina la prohibición legal que impedía a 266 municipios de la región realizar modificaciones de su planeamiento urbanístico, «evitando que cualquier iniciativa de promoción de vivienda pudiera truncarse».

El consejero también ha destacado que se permite la cesión gratuita de suelo público para viviendas protegidas y se flexibiliza el uso del suelo para viviendas sociales. También se sustituye la licencia de primera ocupación o utilización por una declaración responsable o comunicación previa; y se regulan las entidades de certificación urbanística, lo que abre la puerta a la gestión en colaboración con el sector privado.

«Estas medidas pretenden equilibrar las necesidades dotacionales y residenciales, facilitando una gestión más eficiente y socialmente orientada del suelo y los recursos públicos», apunta el Gobierno regional. «La finalidad última es garantizar el derecho a la vivienda digna promoviendo una vivienda social asequible que contribuya a la cohesión y bienestar social de la comunidad».

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno ha estudiado un proyecto de decreto de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida con el que se pretende reducir trámites para esta tipología.

Como señala el Ejecutivo regional, el texto unifica el plazo de protección en veinte años, «eliminando disfunciones e inseguridad jurídica derivadas de plazos variables»; así como la reducción de la necesidad de solicitar trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, «que nunca han sido ejercidos desde su implantación».

Además, se establece una fórmula automática para calcular el precio máximo de venta en transmisiones posteriores, vinculada al módulo vigente según el tipo de vivienda en lugar del sistema anterior, basado en el IPC y fórmulas complejas.

Con todas estas medidas la Junta de Extremadura pretende facilitar el acceso a una vivienda digna, activando el mercado de vivienda protegida y eliminando obstáculos administrativos que considera innecesarios.