La Junta reserva más de cinco millones de euros para ayudar a las familias afectadas por el transporte escolar
El Gobierno regional anuncia que recurrirá el auto que denegaba la medida cautelar para obligar a las empresas a realizar las rutas y garantizar así un derecho esencial
La Junta de Extremadura reserva más de cinco millones de euros para ayudas destinadas a las familias afectadas por la carencia de transporte escolar. ... El objetivo es compensar los perjuicios ocasionados en este inicio de curso ante la falta de un servicio esencial. Hay 5.000 alumnos que están sufriendo esta situación y ya es el cuarto día que no cuentan con autobús que les lleve desde sus municipios a los institutos y colegios.
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« Cada día es importante y lo que queremos es que ya se restablezca el servicio, pero nuestro gobierno trabaja con certezas y a nivel presupuestario estamos ahí», estimó la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes.
El conflicto entre la Junta y las empresas sigue abierto, aunque Manzano ha trasladado a las familias que van a «defender el derecho a la educación» y para ello van a «utilizar todas las herramientas judiciales y administrativas» para que el problema se resuelva cuanto antes.
Mientras tanto, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de ayudas urgentes. Consiste en abonar 0,26 euros por kilómetro cuando los padres lleven a sus hijos el centro escolar. Será un recorrido de ida y otro de vuelta entre el domicilio familiar y el centro educativo en el que estén matriculados los estudiantes, aunque las familias inciden en que son cuatro viajes los que deben realizar si usan sus vehículos.
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«No somos culpables de esta situación», insiste la portavoz del Gobierno, Elena Manzano
Son ayudas de concesión directa operativas hasta que se restablezca el servicio. Desde el 12 de septiembre hasta el 19 de este mismo mes el único requisito es ser beneficiario del transporte escolar. A partir del día 22 se comprobará de oficio que se ha asistido al centro.
«El objetivo es restablecer el servicio cuanto ante y para ello trabajamos cada minuto. Esta ayuda es para mostrar que tenemos en cuenta la situación y que se va a sufragar el gasto», ha añadido Manzano.
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Vía judicial
Además, la Junta ha anunciado que va a interponer un recurso contra el auto que denegó la medida cautelar en la que solicitaba a la justicia que obligara a las empresas de transporte escolar a realizar las rutas no cubiertas después de que quedaran desiertas las licitaciones.
Hay que recordar que la petición de dicha medida fue solicitada por el Ejecutivo regional al interponer una denuncia frente a un grupo de empresas por supuestas «coacciones para intentar modificar los precios de los concurso de las rutas de transporte escolar», según indicó el Gobierno extremeño. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Mérida se encargó de estudiar el caso y rechazó dicha medida por considerar que la Administración tenía otras vías para hacer cumplir un servicio esencial.
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«Llevamos al juzgado toda la documentación con lo acaecido durante el fin de semana para llegar a un acuerdo con las empresas y restablecer el servicio lo antes posibles», ha añadido Manzano antes de incidir en que «el objetivo es que los alumnos puedan acudir de una vez por todas a los centros».
La portavoz de la Junta asegura que han contactado con empresas de otras regiones para intentar ofrecer el servicio
Ha asegurado que «siempre ha sido una prioridad garantizar el derecho a la educación del alumnado extremeño y, con esta finalidad, hemos aceptado todas las peticiones que en el marco de la ley han sido planteadas por las empresas para que sean cubiertas las rutas».
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Ha insistido en que «las familias tienen que saber que cada exigencia de las empresas ha venido acompañada de una nueva». Ha recalcado que «un acuerdo precisa de dos voluntades» y que su gobierno «siempre va a actuar conforme a la ley».
En cuanto a las exigencias planteadas por las empresas, Manzano ha incidido, al igual que lo hizo este lunes la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en que son «de imposible cumplimiento». Entre ellas, ha puesto como ejemplo la solicitud de «quitar las rutas a empresas que han licitado y a las que se le ha adjudicado cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido».
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Ante esta situación, Manzano ha afirmado que «desde la Consejería de Educación se ha intentado todo». Incluso se ha acudido a otras empresas del país para que presten el servicio. «Se han aceptado todas y cada una de las exigencias que querían, pero esto no es un problema de dinero», ha explicado. «Nuestro gobierno asume la responsabilidad en la prestación de servicios públicos y garantías esenciales, pero hay que distinguir entre responsabilidad y culpabilidad y no somos culpables de esta situación», ha añadido. «Lo que no podemos hacer es incumplir la ley y los procesos», ha resaltado.
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