La Junta paga a 12 sindicalistas 3.000 euros al mes por unas liberaciones que no reconoce

Sin embargo, nueve meses después de ese reconocimiento, y de que la Junta haya gastado más de de 300.000 euros en el abono de sus sueldos, las liberaciones no se han hecho efectivas. Los 12 integrantes de USAE, en base a ese reconocimiento, deberían haberse incorporado a la Mesa General cuando se constituyó el pasado 13 de noviembre de 2023.

Pero esa incorporación no se ha llevado a cabo. En el órgano continúan solo CSIF, CC OO y UGT, porque los nuevos responsables de la Consejería de Hacienda así lo han decidido. Por eso, se da la paradoja de que la Junta está destinando dinero público a unas liberaciones que no reconoce.

Esta situación se viene produciendo desde el pasado junio. Los 12 liberados comenzaron a cobrar de la administración después de que el anterior director general de Función Pública, Javier Gaspar, en un documento fechado el 14 de junio de 2023, cuando el Gobierno socialista estaba ya en funciones, reconociera su derecho a estar en la Mesa General de Negociación. En concreto, en el escrito recogió que «según la información remitida a esta administración por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, USAE cumple con los requisitos exigidos para formar parte de la citada Mesa». Pero, a pesar de ello, y de que el Gobierno de PP y Vox no ha emitido ningún otro informe contrario al de Javier Gaspar, y por tanto continúa abonando a los delegados de USAE su liberación, no les ha permitido entrar en la Mesa de Negociación.

Es el motivo por el que esta central ha decidido llevar a la Junta a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales. Este jueves presenta una demanda contra la administración ante el TSJEx.

El conflicto que aún sigue sin resolverse parte de las elecciones sindicales que se celebraron en diciembre de 2022. USAE, integrada desde enero de 2019 por USAE en el ámbito sanitario, SGTEX en la Administración General y PIDE en Educación, consiguió un 16,88% del total de votos emitidos, sumando los logrados por cada uno en su sector. Un porcentaje superior al 10% que se exige para poder formar parte de la Mesa General de Negociación. Por eso, USAE pidió entonces al director general de Función Pública que les reconociera las liberaciones, con el fin de que se hiciera efectivo el resultado que la central había logrado en las elecciones sindicales. Y ese reconocimiento es el que llegó el pasado junio.

Las 12 liberaciones concedidas corresponden a la suma de tres delegados por cada uno de los cuatro ámbitos de representación autonómica: Educación, Sanidad, y laborales y funcionarios de la Administración General. Sin embargo, USAE consideró que le correspondían más.

El pasado agosto demandó a la Junta ante el TSJEx por vulneración de la libertad sindical al entender que, aun habiendo reconocido su pertenencia a la Mesa Genera y concediéndole 12 liberaciones en el órgano, la Dirección General de Función Pública le estaba recortando parte de los derechos derivados de ello, sobre todo en cuanto a número de liberaciones totales que le correspondían.

La Fiscalía solicitó la estimación de la demanda del sindicato, pero el TSJEx falló en su contra al entender que no se había acreditado convenientemente la representación lograda por USAE en las elecciones sindicales de diciembre de 2022.

Antes de esta sentencia, de fecha 26 de octubre de 2023, USAE ya había reclamado al nuevo director general de Función Pública su inclusión en la Mesa. De la misma manera que los otros sindicatos integrantes habían solicitado lo contrario. Por eso, Domingo Expósito decide pedir un informe a la letrada general de la Junta para decidir la inclusión o no de los 12 liberados.

Un informe que no forma parte de la demanda inicial de USAE ante el TSJEx, en la que se falla en su contra, pero sí en la nueva reclamación judicial que la central presenta hoy. Y en el mismo, de fecha 17 de octubre de 2023, la letrada general rebate los dos argumentos que venía esgrimiendo Función Pública para no hacer efectiva la inclusión de USAE en la Mesa General: la obligación de haber concurrido a las elecciones de diciembre de 2022 bajo estas siglas, y no cada sindicato integrante con las suyas; y la representación real lograda por la central en esas votaciones.

Respecto al primero, la letrada mayor deja claro, echando mano de la jurisprudencia establecida por el Constitucional, que «resulta intrascendente que se presentaran con sus siglas o con las de su federación».

En cuanto al segundo, recoge «los datos que figuran en la certificación expedida por la Dirección General de Trabajo de 9 de marzo de 2023 en relación con los resultados de las actas electorales». Un certificado con los datos comunicados por el Ministerio de Trabajo en el que la representación obtenida por USAE «tanto de forma directa como por vinculación es un 16,88%».

Sin embargo, pese a este informe, Función Pública no convocó a USAE un mes después, cuando constituyó la Mesa General de Negociación el 13 de noviembre de 2023. Aun así, desde julio del año pasado y hasta la actualidad la Junta continúa pagando las liberaciones a los 12 delegados de esta central.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Hacienda el motivo de esta situación y no ha obtenido respuesta.