La Junta de Extremadura prepara su propia Ley de Universidades

Se trata de una iniciativa con la que ya cuentan otras comunidades y que regiones como Madrid quieren sacar adelante en 2025. Otras como Andalucía ya han aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de su Ley de Universidades.

«La Junta de Extremadura está dando pasos para la futura Ley de universidades de la comunidad autónoma», asegura la Consejería de Educación a preguntas de HOY después de que el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) reclamara a la Administración regional un marco normativo que detalle los requisitos que deben cumplir las universidades privadas que quieran implantarse en la región y que, además, esas exigencias garanticen unos estándares de calidad.

Así lo recoge en el informe emitido por el CES respecto al proyecto presentado por la Universidad Internacional en Extremadura (Uninde), la iniciativa privada más avanzada de las cuatro que están sobre la mesa del Gobierno regional. Junto a Uninde –impulsada por Global Academic Network (GAN)–, están la Universidad Europea de Extremadura (promovida por la entidad Iniciativa Educativa Extremadura), la Universidad Abierta de Extremadura (Grupo Planeta), y la Universidad CEU Núñez de Balboa (de la Fundación Universitaria San Pablo CEU).

Sin embargo, la Junta niega que esta futura ley se realice con el objetivo de promover la implantación de centros privados en esta comunidad autónoma.

De hecho, indica que «esta ley ha venido siendo muy demandada por la Universidad de Extremadura». Añade que «hay que tener en cuenta que desde hace años las autonomías tienen competencia en materia de universidad y tienen que desarrollar un texto normativo que regule esa materia, algo de lo que hasta ahora carecía Extremadura y que sí tienen otras comunidades».

Lo que no especifica la Junta son los aspectos que tendrá en cuenta esta nueva ley. De hecho, no se había aludido a ella antes, ni siquiera en el acto de apertura del curso académico 2024/2025 en el que intervino la presidenta de la Junta, María Guardiola. En él remarcó el compromiso del Ejecutivo regional con la institución como «motor para el avance de Extremadura» y aseguró que desde el Gobierno regional apuestan «firmemente por nuestra Universidad pública» y por eso están también trabajando en «mejorar su financiación».

Precisamente, sobre ese aspecto, sobre el dinero que se destina a la Universidad, sí existe la Ley 8/2014 que sacó adelante el gobierno del popular José Antonio Monago en 2014. Con ella se estableció un marco de financiación estable para Extremadura. Sin embargo, han pasado ya diez años y nunca se ha aplicado pese a aprobarse por unanimidad.

En cualquier caso, lo que está claro es que esta iniciativa se pone encima de la mesa justo cuando hay cuatro proyectos de universidades privadas interesados en implantarse en Extremadura.

El de Uninde es el que más trámites ha superado. Se trata de una red educativa con presencia en siete países que contempla para la región diez titulaciones de grado y siete másteres, además de dos doctorados en las áreas de Ciencias Sociales y en Informática.

Su anteproyecto de ley se publicó en febrero de 2023 y, desde entonces, la Consejería de Educación ha recibido el informe del CES y ahora va a analizar todo su contenido y las propuestas recibidas. «En este sentido, se valorarán las aportaciones que supongan mejoras del anteproyecto», indica la Junta.

El siguiente paso será su envío al Consejo de Estado para que emita su informe antes de que llegue a la Asamblea de Extremadura, que será la que tenga la última palabra sobre la implantación de la universidad privada.

En cuanto al resto de proyectos, siguen estando en manos del Ministerio de Universidades a la espera de que el Gobierno central emita el informe.

Asimismo, la Junta indica que, además de dar pasos para que la nueva Ley de Universidades vea la luz, en estos momentos también trabajan en el desarrollo normativo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez este curso y que, principalmente, modifica las horquillas de horas de docencia e investigación.