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Campo de golf del complejo urbanístico Marina Isla Valdecañas. :: A.S.
La Junta de Extremadura: «El informe no dice que el complejo sea medioambientalmente insostenible»

La Junta de Extremadura: «El informe no dice que el complejo sea medioambientalmente insostenible»

Álvaro rubio

Viernes, 11 de enero 2019, 07:54

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La historia judicial del complejo urbanístico Marina Isla Valdecañas tiene dos sentencias a sus espaldas. Una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en 2011 y otra del Tribunal Supremo en 2014. Ambas obligan a la Junta a derribar la construcción y restituir los terrenos a su estado original. Ante esta situación, la Junta presentó ante el TSJEx un escrito en el que exponía la «inejecución de la sentencia» y entre los motivos que alegaba estaba el alto coste, unos 34 millones de euros sumando los gastos directos y el impacto sobre el empleo. También lo justificó en que la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) sobre la que se construyó «tiene más vida y viven más aves ahora en ella que antes». Eso lo niegan las dos organizaciones ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción.

La Junta de Extremadura está analizando el informe del CSIC sobre el impacto real del complejo para determinar si solicita aclaraciones del mismo o presenta alegaciones sobre este documento de más de mil páginas. Para ello tienen dos meses.

Por el momento, la Junta aclara que «este informe reconoce el evidente impacto ambiental de la demolición» y cree que «no se pronuncia sobre aspectos relevantes». Desde el Gobierno regional no aclaran sin embargo cuáles son esos aspectos. Aseguran que «este informe no concluye en ningún caso que el complejo urbanístico Marina Isla Valdecañas sea medioambientalmente insostenible», aunque son conscientes de que el documento «reconoce que la demolición de Isla Valdecañas es posible».

Finalmente, apunta a que no hará valoraciones de mayor profundidad antes de que se emita una sentencia firme. Recuerda la Junta que en este momento el asunto se encuentra a la espera de resolución judicial y añaden que «desde la Administración autonómica se aboga siempre por la convivencia del desarrollo económico con el respeto al medio ambiente».

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