La Junta encarga una auditoría sobre las derivaciones del SES a centros privados

Hacienda convocó en mayo un concurso para llevar a cabo una auditoría del gasto generado con entidades ajenas a la red asistencial pública a través de dos programas concretos, el de intervenciones quirúrgicas (denominado Paracelso) y el de pruebas diagnósticas y procedimientos no quirúrgicos (llamado Galeno). Según indica el Gobierno regional, en los dos últimos años el gasto de esta actividad pasó de 15 millones de euros por anualidad.

Hacienda adjudicó en julio este contrato a una empresa especializada en auditoría de cuentas con sede en Córdoba. El importe asciende a 36.300 euros y el plazo de ejecución es de nueve meses. El trabajo se centrará en el ejercicio 2024, sin perjuicio de que puedan revisarse anualidades anteriores para analizar antecedentes que puedan influir en el gasto examinado.

Según el pliego de condiciones, la empresa deberá presentar un informe «que incluirá una opinión sobre si existe una seguridad razonable de que el importe registrado en la partida presupuestaria correspondiente a la prestación de los servicios sanitarios que constituyen el alcance de la auditoría se encuentra exento de errores o irregularidades significativas».

Para ello, tendrá que evaluar los procedimientos de gestión relacionados con las derivaciones de pacientes, asegurando que se alineen «con los estándares de eficiencia, transparencia y control necesarios para una adecuada ejecución del contrato».

«En particular, se prestará atención a la correcta implementación de los mecanismos de control que aseguren que las entidades adjudicatarias respeten las obligaciones contractuales asumidas», añade. Asimismo, tendrá que verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al SES y de las estipulaciones contractuales por parte de las adjudicatarias. También deberá realizar un análisis de los datos disponibles relacionados con las derivaciones, facturación, contabilización y pago, con el fin de ofrecer un panorama detallado de las principales magnitudes del gasto. «El análisis se centrará en parámetros clave, tales como el número de pacientes, tipos de pruebas diagnósticas o procedimientos derivados, fechas de tramitación, plazos medios de ejecución, centros de gasto y entidades adjudicatarias, con el objetivo de identificar posibles áreas de mejora en la gestión y optimización de los recursos», añade.

Igualmente, se encargará de analizar «la coherencia entre los servicios prestados y los importes facturados, así como la correcta aplicación de los precios pactados en los contratos con las entidades adjudicatarias»; comprobar que las operaciones de gasto están debidamente clasificadas y registradas en la contabilidad presupuestaria y verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la tramitación de una muestra representativa de los expedientes.

La decisión de llevar a cabo este encargo parte del Plan de auditoría y de control financiero permanente de 2024, en el que el Gobierno regional de María Guardiola decidió incluir la prestación de servicios sanitarios concertados debido a que se trata de una partida importante dentro del SES. «Resulta de interés examinar si los procedimientos de gestión establecidos por el organismo son adecuados para garantizar un control efectivo sobre los procesos de derivación de pacientes, contabilización y posterior pago de la facturación emitida por los centros concertados», recoge el citado documento.

Entre otras cuestiones, se pretende comprobar que se respetan las estipulaciones y disposiciones legales en la gestión del contrato, que los expedientes se encuentran suficientemente documentados y que el registro contable de los gastos se realiza de acuerdo con la normativa.

La Consejería de Hacienda señala que las actuaciones de control financiero permanente del SES «han sido reforzadas con la realización de fiscalizaciones selectivas sobre aspectos concretos que requieren un análisis más exhaustivo».

Entre 2023 y 2024 se ha llevado a cabo una nueva contratación de las derivaciones a través de los programas Paracelso (con un presupuesto de 17 millones) y Galeno (cerca de 13 millones), en ambos casos por un plazo de dos años, «lo que ha justificado la realización de esta auditoría al tratarse de prestaciones con importantes y novedosos requerimientos técnicos». Estas licitaciones se tramitan por el procedimiento de acuerdo marco, por el cual se fija un precio genérico, mientras que el gasto real depende de las derivaciones concretas que se realicen.

Las cifras evidencian un aumento del gasto en los últimos años. Según añade Hacienda, Paracelso, centrado en intervenciones quirúrgicas, llegó a 6,5 millones de euros en 2021; 8,66 millones en 2022; 7,3 en 2023 y 7,27 en 2024. En cuanto a Galeno, sobre pruebas diagnósticas, en 2021 fue de 5,12 millones; en 2022 de 6 millones; en 2023 de 9,1 millones y en 2024 de 8,1 millones. Es decir, de forma conjunta, se ha pasado de 11,6 millones en 2021 a 16,4 en 2023 y 15,4 en 2024.

En cualquier caso, Hacienda apunta que no es la primera vez que se realizan trabajos de control específicos en este tipo de materia, sino que es habitual dentro de la labor de la Intervención General autonómica y que además así se recoge en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura.