Juicio en Badajoz: «Estuvimos tres días junto a las máquinas cuando sospechamos de la estafa»

El principal perjudicado, un empresario de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), explicó al tribunal que como consecuencia de ese hecho su empresa quedó sumida en la más absoluta ruina. Tuvo que despedir a la plantilla, formada por unas 25 personas, y ha tardado una década en recuperar el volumen de trabajo que entonces tenía.

La razón está en el delito del que fue objeto cuando el 6 de diciembre de 2011 vendió dos máquinas de obras (una motoniveladora Caterpillar 12HES y un compactador de la misma marca) a un empresario portugués que le abonó 171.000 euros con un pagaré sin fondos.

Según explicó en el juicio, desde el primer momento tuvo claro que quien iba a realizar el pago era el empresario luso. Pero en las negociaciones participó también Vicente F.B., un vecino de Badajoz con una condena anterior por estafa y que en fechas recientes fue encontrado culpable de participar en el robo de 400.000 euros en una vivienda de Olivenza.

Jesús Nicolás, el empresario de Ciudad Real, dijo en sala que tras pactar el precio se desplazó a Olivenza para entregar la maquinaria y cobrar el importe en efectivo. Pero en ese momento le dijeron que se abonaría con un pagaré, razón por la que desconfió y decidió volverse a Ciudad Rodrigo con las máquinas.

Añade que en los días siguientes lo telefoneó Vicente F.B. para asegurarle que el empresario portugués era solvente a pesar de no contar con efectivo, unas explicaciones que terminaron por convencerlo. «Volví a traer las máquinas porque me hacía mucha falta el dinero».

Pero el pagaré que recibió no tenía fondos y cuando quiso darse cuenta ni tenía las máquinas ni tenía el dinero. Además, una de ellas tenía una operación de 'leasing' viva por 20.000 euros que tuvo que seguir pagando.

Una situación casi idéntica vivió otro empresario de Rosal de la Frontera (Huelva) que desplazó a la zona de Alburquerque una retroexcavadora Doosan DX300LC y una buldozer Fiat Kobelco D-180, ambas sin matricular. En este caso el pago se realizó con otro pagaré de 165.200 euros. Pero cuando el empresario onubense regresaba a casa sospechó del pagaré y regresó al lugar en el que había depositado la maquinaria. Comprobó que ya estaban junto a la carretara, dispuestas para ser sacadas de allí. «Estuve dos noches y 3 días al lado de las máquinas, no me moví de allí hasta que me las entregaron», dijo al tribunal.

En este caso no se consumó la estafa, al igual que sucedió con otra empresa de Sarria (Lugo) que desplazó a Olivenza un rodillo compactador Carpiller 583CS que no fue entregado.

Los tres empresarios afectados acusan tanto al empresario portugués Roberto Carlos L. M. como a Vicente F.B. El portugués no pudo dar explicaciones porque no acudió al juicio, pero si respondió Vicente, quien reconoció haber acompañado al empresario luso a Ciudad Real pero negó haber participado en las otras dos operaciones.

En todo caso, dijo que él no tuvo participación alguna en la negociación con Jesús Nicolás y rechazó haberlo convencido para que entregara las máquinas. «Yo solo fui a Ciudad Real porque me he dedicado toda la vida a este sector y le había vendido una máquina mía a Roberto poco antes. Pero quien hizo el trato fue él, no yo».

Está afirmación intentó ser desmontada por la representante del Ministerio Fiscal y también por la acusación particular, que cuestionaron a Vicente F.B. por un maletín hallado en su coche con documentos y sellos de la empresa que compró la maquinaria. Pero el acusado aseguró que el maletín no era suyo, sino de un hombre que lo acompañaba el día que fue detenido. También dijo que los 40.000 euros que en esas fechas fueron ingresados en su cuenta bancaria no eran para él sino para el otro acusado. «Yo solo me quedé con los 2.500 euros que Roberto me ofreció de comisión, el resto lo transferí a una cuenta a nombre de su madre».

El juicio contra Vicente concluirá el próximo 27 de septiembre mientras que el de Roberto Carlos L.M. se celebrará cuando sea localizado. Ambos se enfrentan a una petición de 6 años de prisión y al pago de la responsabilidad civil derivada del delito, que asciende a 185.491 euros. Para Francisco Conde, el abogado de Vicente F.B., su representado es inocente.