La juez imputa a otras tres personas por el derribo de la ermita de Santa María de Brovales
Deja en cuatro los investigados finales, entre ellos, Ignacio Bernaldo de Quirós, perteneciente a una familia nobiliaria; ahora se pide a Fiscalía y a la Junta que presenten escrito de acusación
Cuatro investigados por el derribo casi total de la ermita de Santa María de Brovales, en el término municipal de Jerez de los Caballeros, consideraba ... una joya patrimonial y un bien protegido. La juez Leticia Francisco, titular del juzgado de instrucción número 1 jerezano, da por finalizada la fase de instrucción del caso y lo hace con cuatro personas imputadas finalmente. Se les procesa por un presunto delito contra el patrimonio histórico. Ahora la magistrada da traslado del auto a la Fiscalía y a la acusación particular, representada por la Junta de Extremadura, para que formulen el escrito de acusación en las próximas semanas. El asunto pasa en esta nueva fase al juzgado de lo Penal.
Se conocía, como había adelantado HOY en noviembre pasado, que estaban, con certeza, dos personas investigadas por este asunto. Entre ellas, Ignacio Bernaldo de Quirós Loring, administrador único de la sociedad ganadera que explota la parcela donde estaba el inmueble religioso. Ahora, tras las diligencias previas del juzgado jerezano, se suman otras tres, vinculadas con la finca y la empresa que, con una retroexcavadora, demolió el singular edificio.
Como se recordará, en marzo del pasado año la edificación religiosa fue derribada y solo quedó, en condiciones precarias, parte de su fachada principal y la espadaña. Su casi demolición causó impacto en Jerez y en el mundo cultural extremeño.
La ermita de Santa María de Brovales conservaba una estructura que la hacía ser una joya patrimonial. Se alzaba sobre un yacimiento romano. La iglesia primitiva se erigió en época visigoda. La Orden del Temple la restituyó como centro de culto destacado. Las últimas reformas se realizaron en época barroca.
Tras su abandono sirvió parcialmente como casa de campo. El ábside de la ermita se reconvirtió en vivienda quedando incluida en la misma.
El inmueble está incluido en el catálogo municipal de inmuebles de valor artístico y arquitectónico de Jerez situados fuera del casco histórico, como un edificio singular de interés prioritario, protegido por la Ley de Patrimonio de Extremadura.
Tras una primera denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), se empezó a investigar lo ocurrido. La Benemérita entregó su informe al juzgado y la Consejería de Cultura envió otro escrito en el que, entre otros aspectos, determinaba el valor de los daños.
Mientras, el Ayuntamiento jerezano indicó que se ha cometido un «atropello» contra el patrimonio de los extremeños y agrega que, además de la demolición de casi toda la ermita, los dueños de la finca estaban haciendo unas obras –presumiblemente cerramiento ganadero en esa zona– sin permiso municipal.
Sociedad y nobleza
El auto que acaba de firmar esta semana la juez acuerda de forma concreta la continuación de las diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado. Imputa a los cuatro acusados un delito contra el patrimonio.
El dueño de la finca de Santa María de Brovales es una sociedad, Las Veranas, con sede en Madrid. Su administrador único era hasta noviembre del año 2020 Francisco Bernaldo de Quirós y Fernández de Córdova, vigésimo marqués de Bacares y vigésimo tercer conde de la Puebla, una de las dinastías más conocidas del país.
Tomó el relevo de la sociedad agroganadera su tercer hijo, Ignacio Bernaldo de Quirós, que entonces contaba con 29 años, al frente a su vez de otras ocho sociedades, del ámbito ganadero, inmobiliario o textil.
En declaraciones a este periódico, Bernaldo de Quirós, dijo, de un lado, que la empresa agroganadera desconocía que no se podía derribar la ermita. Al mismo tiempo ofrecía disculpas por el destrozo al patrimonio histórico y arqueológico y mostraba su colaboración para intentar repararlo.
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