El Gobierno central ofrece hasta 96.000 euros por enfermedades causadas por exposición al amianto
La norma que regula esta compensación entrará en vigor a mediados de septiembre
La exposición al amianto se considera un problema de salud pública, de ahí que hace más de dos décadas que se acordó prohibir su uso. Ahora se suma una compensación a las víctimas de enfermedades causadas por este material.
El Gobierno central aprobó a mediados de junio la norma por la que se establecen los requisitos y se regula el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto. Entrará en vigor en un plazo de tres meses desde su publicación, por lo tanto a mediados de septiembre.
Este texto reconoce como personas beneficiarias de una compensación económica a quienes hayan obtenido el reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión de incapacidad permanente derivada de una contingencia profesional causada por patologías causadas por la exposición al amianto. La norma prevé extender el pago a otros supuestos, como los hijos de fallecidos por estas enfermedades, pero dependerá de su aplicación en las futuras leyes estatales de presupuestos.
Noticia relacionada
Las ayudas de la Junta de Extremadura para retirar amianto atraen a 25 empresas
Las patologías para las que se recoge posibilidad de compensación son asbestosis (hasta 32.207,08 euros), cáncer de laringe (hasta 48.310,62 euros), cáncer de pulmón (64.414,16 euros) y mesotelioma (96.621,24). Para calcular estas cantidades se ha tenido en cuenta la cuantía media anual de la pensión de incapacidad permanente absoluta de enfermedad profesional.
Los interesados deben solicitar a la Consejería de Salud de su comunidad autónoma el certificado del diagnóstico de patologías derivadas de la exposición al amianto. Con ese documento podrán presentar la solicitud de la compensación al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de un formulario que se habilitará en la sede electrónica de esta entidad pública. La resolución se emitirá en un plazo máximo de seis meses.
