La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la exconsejera Manuela Holgado

La Fiscalía de Mérida solicita una condena de cinco años de prisión para Manuela Holgado, consejera de Cultura y Turismo por el PSOE en el primer gobierno de Guillermo Fernández Vara entre los años 2010 y 2011, por delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La acusación pública considera que Holgado participó en un sistema destinado a abonar facturas impagadas del Festival de Mérida, del que serían máximos responsables el secretario general de Cultura en el momento de los hechos, Agustín Sánchez Moruno, y el ex director general de Promoción Cultural, Francisco Javier Alonso de la Torre. Para ambos se pide una condena de cinco años y medio de prisión por los mismos delitos y por falsedad en documento público.

Asimismo, la Fiscalía reclama seis años y tres meses de cárcel para E. M. M., trabajadora de la Consejería de Cultura, por malversación y certificación falsa por funcionario público; y cuatro años y ocho meses para dos empresarios por falsedad y malversación. También solicita 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Pedro Salguero, exgerente del Festival de Mérida.

La investigación se inició tras la victoria del popular José Antonio Monago en las elecciones autonómicas de 2011. En aquel momento se dio a conocer la situación deficitaria del Festival de Mérida y la falta de justificación de sus cuentas. Nueve años después, la acusación pública pone el foco en los responsables políticos de la Consejería de Cultura.

Según la Fiscalía, Salguero hizo dos encargos a dos empresas para el Festival de Mérida de 2011 sin seguir el procedimiento legal de contratación. En uno de los casos, además, sabía que la firma en cuestión no tenía los equipos para realizar el servicio. Eso hizo que subcontratara a otras compañías, que en ediciones anteriores habían hecho estos trabajos.

En aquellos momentos Holgado, como consejera, junto a Sánchez Moruno y Alonso de la Torre eran máximos responsables del Festival de Mérida como miembros de su consejo rector. Por ese motivo, consideran que eran conocedores de la situación económica del certamen y de que Pedro Salguero no aportaba a la Junta de Extremadura la documentación necesaria para auditar las cuentas del certamen.

La acusación pública sostiene que no solo aprobaron la gestión del gerente, sino que, por criterios de amistad o conocimiento personal, y sin comprobar que los servicios habían sido realizados, seleccionaron a una serie de proveedores a los que la Consejería deCultura abonó las facturas pendientes.

Para eso, crearon un mecanismo para eludir el control de partidas presupuestarias por parte de la intervención autonómica. Con ese fin, proponían la fecha y el concepto que debían incluir en las facturas y daban indicaciones para que no pasaran de 20.000 euros para poder eludir la ley de contratos en vigor.

Con ese sistema se habrían realizado pagos a las dos empresas contratadas por Salguero a pesar de que no llevaron a cabo ningún servicio para Cultura. Para la Fiscalía, Alonso de la Torre elaboró las propuestas de contratación y Sánchez Moruno las autorizó, mientras que la técnico E.M. M. certificó que los trabajos habían sido realizados. Todo con el conocimiento de Manuela Holgado.