El fiscal superior de Extremadura asumirá el caso de la querella del novio de Ayuso por presunta revelación de secretos

El cacereño, Montero Juanes, es fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) desde mayo de 2021 y miembro de la Asociación de Fiscales, la asociación conservadora de la carrera fiscal.

Según informa ABC, la número dos de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, ha apartado a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la querella del novio de Ayuso tras ciertas discrepancias.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Sánchez Conde eran favorables a archivar la denuncia de la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Alberto González Amador, mientras que la fiscal apartada, María de la O Silva, era partidaria de admitir la querella al considerar que procedía hacer unas mínimas averiguaciones para dar con el autor de la filtración.

Este asunto fue abordado en la Junta de Fiscales de Sala el pasado 23 de abril, donde se impuso por la mínima el criterio de García Ortiz y Sánchez Conde. Tras seis horas de deliberación, la Junta apoyó -por 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención- a la 'número dos' del Ministerio Público, que defendía que no hay delito ni existen indicios contra los querellados, frente al criterio de Silva, que proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella, detalla Europa Press.

La decisión se plasmó en un informe presentado ante el TSJM para que se rechazara la querella de González Amador al defender que no hubo delito de revelación de secretos y que la nota de prensa que difundió la Fiscalía fue para desmontar «bulos» y defender la honorabilidad del Ministerio Público.

No obstante, la Sala Civil y Penal del TSJM, presidida por Celso Rodríguez, será quien tenga la última palabra sobre su admisión o no, pues la opinión del Ministerio Público en este sentido no es vinculante para el magistrado que instruye la querella.

Alberto González Amador está imputado por dos delitos contra el impuesto de sociedades y otro de falsedad documental por, presuntamente, haber defraudado a Hacienda 350.000 euros con facturas falsas. Está citado a declarar en calidad de imputado en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) el próximo 20 de mayo.