El fiscal superior de Extremadura asume el caso del novio de Ayuso: «No es agradable, pero cumpliré con imparcialidad»

Una querella, cabe recordar, por un delito de revelación de secretos, tras la supuesta difusión de información confidencial acerca de la investigación abierta contra él por fraude contra la Hacienda Pública y que presuntamente habrían filtrado fiscales de la capital de España.

Además de esta querella dirigida a la fiscal jefe de Madrid y a otro compañero, el Colegio de Abogados de la ciudad ha recurrido igualmente a la vía judicial contra el ministerio público por el mismo delito.

Ambas querellas se han acumulado en un único procedimiento sobre el que TSJM debe pronunciarse ahora y decidir, por tanto, si archiva las denuncias o por el contrario abre el periodo de instrucción, en el que el fiscal superior de Extremadura representaría al ministerio público.

«No es agradable, pero asumo el cometido con responsabilidad y cumpliré el mandato con objetividad e imparcialidad», asegura el fiscal superior de Extremadura. Un mandato de obligado cumplimiento, aclara, «porque la Fiscalía es un órgano jerarquizado» y, en su caso, ha sido designado por su superior. Javier Montero ha sido el elegido para sustituir en la representación del ministerio público a la fiscal del TSJM, María de la O Silva. Partidaria de admitir la querella al considerar que procedía hacer unas mínimas averiguaciones para dar con el autor de la filtración, ha sido apartada de la causa.

«Es una forma de actuar recogida en el artículo 27 del Estatuto que se adopta cuando surgen discrepancias y que conlleva el nombramiento de otro fiscal». El suyo en este caso por tres motivos: «Porque debe intervenir un fiscal de rango superior al de los implicados, porque se opta por sacar el asunto fuera de Madrid y porque se tienen en cuenta criterios fronterizos», esto es que se echa mano de fiscales superiores de los territorios que limitan con la comunidad autónoma afectada.

«Es una designación, por tanto, en base a unos criterios y yo cumpliré el deber como en cualquier otro procedimiento penal», asegura quien lleva al frente de la Fiscalía Superior de Extremadura desde 2021 y asume por primera vez la representación del ministerio público en un caso fuera de la región y de primer nivel mediático. Un caso, además, en el que los posibles investigados son sus compañeros. «Por eso no es agradable», mantiene Montero, «pero no obsta a cómo asumiré mi cometido, porque cumpliré con responsabilidad y en base siempre a la legalidad, la objetividad y la imparcialidad».

De hecho, la defensa ante los tribunales del interés social y de la ley es lo que le llevó a decantarse por convertirse en fiscal tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1980. Dos años después entró en la judicatura. Su primer destino fue Badajoz, más tarde pasó a la Audiencia Provincial de Cáceres, regresando así a la ciudad en la que nació en 1958, y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde fue teniente fiscal desde 1998 hasta que en 2021 fue elegido fiscal superior, siendo el primer extremeño que ocupa este puesto.

Hasta entonces ha venido acumulando una amplia experiencia. Francisco Javier Montero ha sido fiscal de vigilancia penitenciaria, coordinador de derecho civil, fiscal delegado de seguridad vial y fiscal delegado de protección de datos. Miembro de la Asociación de Fiscales, la asociación conservadora de la carrera fiscal, ha desempeñado también el puesto de profesor del máster de acceso a la abogacía de la UEx y de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.