Una oficina de la Junta combatirá la corrupción en los contratos públicos

La Junta de Extremadura contará con un órgano específico para velar por la limpieza de los contratos públicos y evitar posibles casos de corrupción. Es una de las novedades incluidas en la propuesta de ley de contratación pública socialmente responsable, una medida pactada entre Podemos y PSOE (que fue presentada ayer por separado por cada grupo) que forma parte del acuerdo presupuestario suscrito entre las dos formaciones. Es también una de las iniciativas legislativas anunciadas la pasada semana por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el debate sobre el estado de la región.

Esta norma, que con el acuerdo entre PSOE y Podemos tiene asegurada la mayoría parlamentaria necesaria para su aprobación, contempla la creación de la oficina extremeña de supervisión, que Podemos define como oficina anticorrupción. Este órgano deberá velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en la contratación pública de la Junta de Extremadura y su sector público autonómico.

Actuará con independencia orgánica y funcional. Mediante reglamento se establecerán sus funciones, composición, estructura y funcionamiento; así como las relaciones que deberá mantener con la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales, con la Asamblea de Extremadura, con el Tribunal de Cuentas y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El reglamento deberá estar aprobado antes de que pasen seis meses desde la aprobación de la ley. En los Presupuestos de 2019 se incluirán las partidas necesarias para la puesta en marcha de este órgano.

La creación de esta oficina es una de las medidas que recoge la ley para combatir la corrupción. Junto a esto, plantea que los órganos de contratación de la Administración autonómica y las entidades locales deberán extremar la transparencia en la gestión de sus contratos, promover la máxima profesionalización de las mesas de contratación, incrementar la formación del personal que participa en procesos de licitación pública y vigilar prácticas que puedan propiciar especificaciones técnicas o cláusulas demasiado concretas o el fraccionamiento injustificado de los contratos.

Asimismo, deberán crear canales para alertar sobre casos de corrupción que garanticen la confidencialidad del denunciante; y exigir responsabilidad civil o, en su caso, penal, a las empresas en caso de sobrecostes injustificados, calidad de los resultados o cualquier otra cuestión que se considere relevante.

La propuesta también recoge las llamadas cláusulas sociales, que son los criterios de tipo medioambiental, social y laboral (como el respeto a los convenios colectivos) que se incluyen como condiciones en los contratos públicos. Actualmente ya se aplican, pero ahora se elevan a rango de ley. Además, se establece un mecanismo de control para asegurar su cumplimiento.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ascensión Godoy, destacó este miércoles en la presentación de esta propuesta de ley que la iniciativa está llamada a «crear empleo, garantizar la aplicación de las cláusulas sociales y facilitar el acceso de las pymes a la contratación autonómica».

También destacó el impulso de la licitación electrónica, lo que ahorrará costes; y la figura del concierto social, que será regulada en otra propuesta de ley del PSOE.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Álvaro Jaén, subrayó que se mejorará la transparencia en los concursos y «primará más la calidad del servicio y los derechos laborales, con lo que se evitará, por ejemplo, casos como el de las ambulancias o las evidentes deficiencias en los comedores escolares».

El texto recoge además limitaciones en las duraciones de los contratos para evitar «situaciones abusivas como los contratos del agua».