Los expoliadores dañan el yacimiento de Cáparra en busca de restos romanos

Cáparra cuenta con una superficie que ronda las 16 hectáreas de las que solo el 10 por ciento aproximadamente está excavada. No es el caso del último espacio elegido por los expoliadores de restos arqueológicos.

Tal como ocurriera hace un año, de nuevo un grupo indeterminado de personas ha accedido al recinto de Cáparra por la noche y ayudados por detectores de metales han recorrido una de las parcelas que conforman el yacimiento y que no fue objeto del último expolio.

Uno de los trabajadores del espacio, como sucedió también la última vez, fue quien vio los pequeños orificios realizados en la parcela y quien dio aviso a las autoridades. Los agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres han asumido una investigación de la que está igualmente informada la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Son aproximadamente unos 60 los agujeros contabilizados, de entre 15 y 20 centímetros de ancho, que salpican el terreno elegido y que centran la investigación emprendida por el Seprona. Según ha podido saber este periódico, los guardias civiles ya han inspeccionado la finca, ubicada precisamente junto al área del descanso del peregrino habilitada por la Diputación de Cáceres, aún sin estrenar, para cuantificar las pequeñas excavaciones y tomar las medidas de los orificios realizados. También muestras de las posibles huellas que han dejado los ladrones y pistas sobre las herramientas utilizadas para escarbar en la tierra.

El hecho de que el número de agujeros ascienda a 60, la última vez llegaron a los 70, inclina a pensar que los expoliadores hallaron lo que buscaban: restos romanos elaborados con metales. Monedas, broches, hebillas o pequeñas figuras cerámicas con algún adorno en cobre, bronce o hierro. Piezas, en cualquier caso, que aún subyacen bajo el amplio terreno de Cáparra que tratarán de venderse a coleccionistas y cuya desaparición limitará la investigación del patrimonio.

No solo se trata de que ley de Patrimonio Histórico de Extremadura prohíbe la utilización de detectores de metales para la búsqueda de restos relacionados con la prehistoria, la historia, el arte, la arqueología, sin haber obtenido previamente una autorización administrativa que justifiquen su empleo, sino que el expolio de restos romanos daña el patrimonio porque imposibilita un estudio con rigor científico al ocasionar la pérdida del contexto arqueológico y de la información histórica asociada a esos restos.

Datos como el punto del terreno en el que se produce el hallazgo o el estrato en el que se encuentra el objeto de turno son determinantes para explicar época y uso y avanzar en el conocimiento de la historia de la ciudad romana de Cáparra.

Pero el expolio de restos arqueológicos también conlleva un perjuicio económico. La Guardia Civil logró desarticular al grupo criminal asentado en Moraleja y responsable del último expolio llevado a cabo hace un año en el yacimiento de Oliva de Plasencia. Los agentes, con la colaboración de la Fiscalía y la Dirección General de Patrimonio de la Junta, recuperaron 2.500 piezas, mayoritariamente monedas, extraídas de Cáparra y de Villasviejas del Tamuja, otro enclave cacereño de relevancia arqueológica.

El valor de los daños causados superó los 376.000 euros, según detalló la Guardia Civil el pasado abril, cuando dio por zanjada la denominada operación Tamusia. Localizó las piezas y detuvo a los implicados después de que a través redes sociales, en grupos cerrados y especializados, ofrecieran para su venta parte de las monedas expoliadas a precios muy inferiores a su valor real en el mercado legal. Estas piezas, exclusivas de la Ceca de Tamusia y con un índice de rareza del 97 %, datarían del siglo I a.C., según los informes elaborados por técnicos especializados. Ahora se desconoce qué se han llevado.