Emilio Cortés asume la defensa del hermano de Pedro Sánchez en la causa abierta en Badajoz

Aunque nació en Cádiz, la relación de Bechiarelli con Extremadura viene de largo. Este abogado es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura y ha sido vicedecano y decano de la Facultad de Derecho, con sede en Cáceres, desde el año 2000 hasta 2007.

Esa labor académica la ha compaginado con su trabajo como abogado penalista en casos muy relevantes en Extremadura, donde ha defendido a personas acusadas de cometer algunos de los crímenes que han despertado un mayor interés mediático. En otras ocasiones, ha ejercido la acusación particular.

Su despacho está especializado en cualquier cuestión relativa a los procedimientos penales en todas sus fases. Del mismo modo, ha trabajado en la redacción de multitud de recursos de casación y amparo ante el Tribunal Supremo y el Constitucional.

En el currículum de Emilio Cortés se recoge que es doctor en Derecho desde 1994 por la Universidad Complutense de Madrid y que su tesis doctoral estuvo centrada en la delincuencia emocional y pasional, con la que obtuvo la máxima calificación académica. Además, es director de la Cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal de la Universidad de Extremadura desde el año 2007, y profesor del Área Penal de las Escuelas de Práctica Jurídica de Cáceres, Mérida y Badajoz.

También fue el secretario general de la Asociación Española de Derecho Penal (sección española) desde 2003 hasta 2019.

A la relevancia de Emilio Cortés han contribuido sus frecuentes apariciones en medios de comunicación de ámbito nacional, donde acostumbran a consultarle sobre asuntos jurídicos de actualidad por la facilidad que tiene este letrado para traducir los términos jurídicos en conceptos comprensibles para el gran público.

A partir de ahora, Emilio Cortés Bechiarelli tiene la misión de defender a David Sánchez Pérez-Castejón, quien está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por presuntos delitos contra la administración pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, una causa que también afecta al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de los Recursos Humanos de la institución provincial, Alejandro José Cardenal.

El origen de ese procedimiento está en una denuncia que fue presentada por el pseudosindicato Manos Limpias.