Crecen los casos de ciberacoso de padres y alumnos a profesores en Extremadura

«Me amenazó diciendo al ver mi coche: ¡A mí me llaman quemacoches¡», «levantó la silla y estuvo a punto de darme», «en un grupo de WhatsApp de alumnos me entero de que andan criticando mi manera de evaluar y al salir de clase me encuentro una rueda rajada». Todas esas frases las han dicho docentes extremeños que han solicitado ayuda al Defensor del Profesor, un servicio que puso en marcha el sindicato ANPE en el año 2007 y que presenta anualmente un informe. En el de 2018/2019 aseguran que han atendido casi un centenar de casos y entre ellos destaca al acoso por redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, que ocupa un 39% de ellos.

«Cada vez hay mayor incidencia de agresiones verbales y faltas de respeto en grupos de padres y de alumnos a través de Internet», destaca Beatriz Berrocal, coordinadora del Defensor del Profesor en Extremadura, quien se refiere a esas formas de acoso como «las nuevas caras de la violencia».

De este modo, el ciberacoso se consolida como una de las principales preocupaciones de los profesores. WhatsApp es el método más utilizado por los padres para ejercer presión sobre los docentes, mientras que los alumnos optan por las redes sociales.

Además, el informe apunta a que el docente que acude a este servicio ejerce su profesión sobre todo en Secundaria. De hecho, más de la mitad de los casos se dan en esa etapa. En concreto, un 52%. El 33% son de Educación Primaria, el 5% de Infantil y el resto de otras enseñanzas como ciclos formativos.

En Secundaria, los actos violentos generalmente los protagonizan alumnos y, en segundo lugar, los padres. «Además, en esa etapa se están produciendo principalmente los casos de ciberacoso entre iguales o actuaciones ilícitas en las redes por parte del alumnado al docente», detalla Berrocal, quien reconoce que «las nuevas tecnologías son imparables» y ve necesaria «un uso adecuado de las redes que ponga límites, además de una formación y educación explícita al profesorado, al alumnado y a las familias».

Por su parte, según especifica el informe, en Educación Infantil y Primaria son los padres e incluso los abuelos u otros familiares quienes someten en la mayoría de los casos a situaciones de acoso al docente. Hablan de insultos, amenazas y denuncias. En pocas ocasiones se dan agresiones físicas. «Casi siempre son por redes sociales o por aplicaciones de mensajería a través de Internet», aclaran en ANPE.

Además del ciberacoso, destacan las peticiones de ayuda de los profesores que aluden a que reciben presiones para cambiar notas. También hacen referencia a denuncias falsas que incluso acaban en los juzgados.

Asimismo, el Defensor del Profesor se refiere a las faltas de respeto a los docentes y los problemas para dar clase. «Tampoco hay que perder de vista que existen conflictos entre compañeros o con el equipo directivo, aunque ha disminuido con respecto al curso pasado», especifica Berrocal. Asegura que «eso se da en las aulas donde hay ratios altos de alumnos, lo que provoca procesos de ansiedad y conflictos entre compañeros».

De hecho, en el estudio hacen referencia al estado anímico de los docentes que atienden. Según el informe, «la ansiedad se mantiene muy elevada y se da en un 85% de los casos, mientras que un 7% manifiesta depresión y los que terminan en baja laboral son el 4%».

Ante el número de casos, que el 65% se produjeron en la provincia de Badajoz y el 35% en la de Cáceres, Beatriz Berrocal reivindica que «Extremadura necesita una ley de autoridad del profesorado que dé respaldo jurídico al docente como ya existe en otras comunidades».

También desde el sindicato ANPE demandan un plan específico de formación del profesorado y de las familias para conflictos de convivencia escolar y especialmente sobre el buen uso de las nuevas tecnologías. Defienden la regulación del móvil en los centros educativos y la revisión e inclusión del mal uso de las redes sociales en los Reglamentos de Régimen Interior. Asimismo demandan más presencia de educadores sociales y orientadores.

En cuanto al Observatorio Regional de la Convivencia Escolar, que lo puso en marcha la Junta en 2007, inciden en la necesidad de una comisión permanente que analice y evalúe en tiempo real la convivencia en centros.

Critican la falta de reuniones periódicas. Según apunta la Consejería de Educación, el último pleno celebrado por este órgano fue el pasado mes de enero y los datos sobre acoso escolar del curso 2018/2019 todavía no se han hecho públicos.