La construcción del nuevo Marcelo Nessi comenzará el próximo mes en Badajoz

No dio datos ni del número de menores que están bajo la tutela de la Junta, en centros residenciales o en familias de acogida, ni tampoco los menores que cumplen las medidas impuestas por un juez en el Marcelo Nessi o los tres pisos con los que cuenta la región para eso.

Sí especificó, en este último caso, que en el centro hay 50 plazas y que son entre 20 y 25 las que están ocupadas de media y que hay otras 20 en los pisos. También que el 87% de los internos del Marcelo Nessi no han vuelto reincidir y que tras la muerte de la educadora Belén Cortés se está reforzando la seguridad en todos los recursos. «Todos los centros tienen vigilancia las 24 horas y sistemas individuales de alerta», concretó Teresa Angulo.

También que más allá de las medidas de seguridad, se ha aumentado la plantilla con 15 profesionales más: cuatro educadores sociales, seis ATE y un trabajado social, y con una unidad individualizada de atención con un psicólogo, dos educadores y un ATE-cuidador.

En cuanto al sistema de protección, Angulo insistió en que la Junta trabaja para reducir el acogimiento residencial y fomentar el familiar para avanzar en la desinstitucionalización de los menores. Con este fin se están adecuando los centros para convertirlos en unidades de convivencia más pequeñas, sin reducir el personal para mejorar la atención personal, «en ellos se han invertido más de tres millones de euros el pasado año», y se buscan más familias acogedoras.

«En 2023 había 41 y ahora son 48; es cierto que son cifras pequeñas pero llaman al optimismo», declaró Teresa Angulo. También recordó que se trabaja en la nueva figura del acogimiento especializado y en el fomento de las familias colaboradoras, cuyo número también se ha incrementado. «En 2022 había 10 y ahora hay 38», detalló.

Todos los menores tutelados por la Junta, además, tendrán la atención terapéutica que requieran «a cargo de un equipo de psicólogos exclusivo para ellos», porque el objetivo es mejorar su situación emocional y conductual y lograr que en la mayoría de los casos puedan volver a reintegrase en sus familias.

Los grupos políticos coincidieron en la Asamblea en la necesidad de que el bienestar del menor siga siendo la prioridad y en reducir el acogimiento residencial en favor del familiar, así como en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector. «No se pueden abonar sueldos que suponen 13.000 o 18.000 euros anuales», criticó José Antonio González Frutos, de Unidas por Extremadura.

Teresa Angulo aseguró que en la nueva licitación en la que se trabaja se mejorarán esas condiciones, se garantizarán «sueldos dignos», y se continuará potenciando que los menores, una vez abandonen el sistema de protección a los 18 años, lo hagan con un proyecto de vida. «En 2024 han sido 38 los contratados».

El PSOE reivindicó «un plan real de emancipación» para los menores que cumplen los 18, «para que eso no les suponga volver a la intemperie», dijo la diputada Fátima Torrado. «La emancipación alcanza el 13,5% de los jóvenes entre 15 y 30 años», recordó. «Si nos emancipamos cerca de los 30 y a ellos se les exige hacerlo a los 18 años no puede ser que lo hagan sin casa, sin red, sin familia y sin trabajo».