La consejera de Hacienda afirma que todas las variables económicas son positivas para la Junta

Manzano ha respondido a una pregunta del diputado socialista Jorge Amado, quien ha criticado que la región cerró 2023 con un déficit de 254 millones de euros, mientras que a mediados de junio, cuando el Gobierno de Fernández Vara abandonó la Junta, había unas «cuentas impolutas». Asimismo, ha señalado que en aquel momento el periodo medio de pago a proveedores estaba en diez días, mientras que actualmente es de 19 días. Según ha indicado, hay empresas y entidades de la región que no cobran de la Administración regional desde noviembre.

Para Amado, esta deriva guarda relación con la rebaja fiscal que aprobó el Gobierno de María Guardiola el pasado mes de septiembre, con medidas como la bonificación del impuesto de patrimonio. Asimismo, ha criticado que el PP se haya opuesto en el Senado a que se suavice el límite de déficit para el presente año. En su opinión, la receta del Ejecutivo autonómico es «más deuda, más déficit, más morosidad y menos justicia social».

Por su parte, la consejera de Hacienda ha hecho una valoración positiva sobre el déficit de 2023, ya que se redujo en 31 millones respecto al año anterior. Según los datos del Ministerio de Hacienda, ha pasado del 1,26% del PIB regional en 2022 al 1,04%, 0,22 puntos básicos menos.

Para el presente ejercicio, Elena Manzano ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el cumplimiento de las reglas fiscales (déficit, deuda y regla de gasto), para lo que ha destacado que los Presupuestos autonómicos se han elaborado con déficit cero, el límite exigido finalmente para 2024.

Esas cuentas incorporarán 17 millones de euros gracias a que la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022 será mejor de lo previsto. La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha reclamado que se elabora una ley de crédito extraordinario, una figura que recoge la Ley de Hacienda de Extremadura cuando se quiere afrontar un gasto que no pueda demorarse y no exista dotación adecuada o sea insuficiente y además no sea posible aumentarlo a través de otras formas de modificación.

Para Gil Rosiña, no basta con una modificación de crédito, sino que hay que tramitar una ley específica, que su grupo está dispuesto a negociar y apoyar. Según ha señalado, así se ha hecho en otras trece ocasiones. Sin embargo, el Gobierno regional ya ha anunciado en qué se gastará ese dinero. Por ese motivo, ha anunciado que el PSOE reclamará un informe a la Intervención regional y a la Abogacía General de la Junta sobre la legalidad de esta medida.

Para el Gobierno regional esa ley de crédito extraordinario no es necesaria. De hecho, Elena Manzano ha señalado que los 17 millones de euros ya se han incorporado a las cuentas de este año. Como ha recordado, la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció que se destinarán a mejoras en materia de sanidad, agricultura, cultura y conciliación, en concreto a las ayudas a las familias para la escolarización en centros infantiles.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha destacado que con la ampliación de la dotación los Presupuestos autonómicos tendrán «8.144 millones de euros para que Extremadura crezca».